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Referendo constitucional: ¿Qué cambió para las familias cubanas?

El Capítulo III de la nueva Carta Magna, implica un sustancial avance en materia de derechos y regulaciones para las familias cubanas, comprendidas actualmente desde su divesidad.

Familias cubanas
(Foto: Andrés Castellanos Díaz)
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Los posicionamientos explícitamente categóricos —tanto en el sentido de la aceptación y defensa del matrimonio igualitario, como en el de su rechazo tajante— expresados durante los tres meses de debates constitucionales, fraguaron el prólogo de uno de los capítulos de la historia reciente de la Isla, donde las voces de millones de cubanos dictaron las transformaciones al respecto en la nueva Carta Magna.

Junto al párrafo 403, referido al límite de dos mandatos para el Presidente electo, el Artículo 68 del Proyecto de Constitución de la República de Cuba —«El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común […]»—, resultó uno de los que más dudas y propuestas de modificaciones generó en Villa Clara. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Centro Provincial de Procesamiento, una cifra elevada de los más de 647 700 villaclareños participantes en 10 182 asambleas, lo incluyeron entre los tres párrafos propuestos para eliminar.

Sin embargo, lo cierto es que, como en tantos otros asuntos de la cotidianidad nacional, el consenso entre expectativas y resultados constituye en este minuto uno de los temas en boga, lo mismo a nivel de la población partidaria que para los detractores. La Constitución de la República de Cuba, aprobada unánimemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, establece en el Artículo 82 del Capítulo IIII (Título V: Derechos, Deberes y Garantías), que:

«El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. [… ] Se reconoce, además, la unión estable y singular con aptitud legal, que forme de hecho un proyecto de vida en común, que bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los derechos y obligaciones que esta disponga».

Nuevamente, Vanguardia acudió al Dr. Reinerio Rodríguez Corría, profesor titular de Derecho Civil y de Familia del Departamento de Derecho de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, en busca de la visión jurídica respecto a las garantías refrendadas por una Carta Magna consecuente con el ritmo de su tiempo, que es lo mismo que hablar de la dialéctica en términos humanos.  

Familias cubanas
(Foto: Andrés Castellanos Díaz)

«En el Proyecto de Constitución se establecía un concepto de matrimonio referido a la unión entre dos personas, sin identificar el sexo de ninguno, y después había uno o dos artículos relativos a algunas cuestiones generales de la maternidad y la paternidad, pero no se evidenciaba un tratamiento coherente de la institución familiar. Incluso, desde el punto de vista de la ubicación dentro del Proyecto, tampoco se localizaba en el lugar más adecuado, contrario a la nueva Constitución, donde se instituye un Título para los derechos y deberes, y sus garantías, y dentro de ese Título, un capítulo dedicado al tema.

«Otro elemento fundamental de esta Carta Magna es que establece, de manera directa, que en la sociedad cubana actual coexisten varios tipos de familias, y que tanto la Constitución como la legislación especial, es decir, el Código de Familia, han de contener estas singularidades. Ya desde el Proyecto quedó constituida la idea de la pluralidad, algo que en su momento resaltamos como uno de los aportes de mayor impacto general».

Artículo 83:

«El Estado garantiza, mediante los procedimientos legales adecuados, la determinación y el reconocimiento de la maternidad y la paternidad». 

—Social y jurídicamente, ¿qué le aporta al pueblo cubano que su Carta Magna admita la diversidad en materia de familias?

—Socialmente implica que, por primera vez, se reconozca un fenómeno con el que convivimos desde hace mucho. Es decir, no se crea ni se impone algo nuevo, sino que se regula lo ya existente. Hasta ahora, el Código de Familia actual se estructura sobre los conceptos de la familia nuclear, o sea, la tradicional, surgida de un matrimonio monogámico y heterosexual que tiene hijos.

«Sin embargo, a veces se reitera que los abuelos, los tíos, los hermanos y otros parientes responsables por la educación y custodia de los menores de edad, no tienen derechos sobre ellos, aunque formen parte de una familia extensiva o ampliada. Lo mismo sucede con las familias ensambladas, en las que el  padrastro o la madrastra no cuentan con derechos ni obligaciones para con el hijo de su pareja. En resumen: el legitimar la multiplicidad de esas uniones, propicia que se normalicen los derechos, deberes y obligaciones de todos sus miembros».

—Sin embargo, constitucionalmente hablando, las uniones legales no son ya la única alternativa para crear una familia.

La nueva Carta Magna establece un elemento muy interesante al reconocer las uniones de hecho, pues, al igual que el matrimonio, dan origen a una familia cuyas diferencias con las anteriores podrían estar dadas en su regulación legal. Debemos recordar que en el Proyecto se definía el matrimonio, lo cual no ocurre en la Constitución vigente, y a nosotros nos pareció que no hacerlo podía ser más interesante, incluso, más adecuado técnicamente para dejarle ese tema al Código de Familia. La verdad es que resulta muy complejo regular la variedad de familias en la propia Constitución.

Familias separadas
(Foto: Andrés Castellanos Díaz)

¿Cuáles son entonces las expresiones de núcleos familiares más reiteradas en la Cuba actual?

—Desde la perspectiva de la orientación sexual pueden ser familias heterosexuales u homosexuales, aunque esas no constituyen las clasificaciones principales. En la sociedad cubana encontramos a la familia tradicional, formada por un hombre y una mujer y su descendencia. A la par, y por razones de déficit económico y habitacional, también aparecen las familias extensivas o ampliadas, que parten de un núcleo central al que se incorporan abuelos, bisabuelos, nietos, bisnietos, nueras, yernos, etc. De hecho, en esta categoría también hallamos subfamilias conviviendo bajo el mismo techo.

«Se consideran además como familias mononucleares las constituidas por una madre o un padre soltero y su descendencia, y otro tipo son las conocidas como familias ensambladas o reconstituidas, en la cual cada miembro de la pareja aporta los hijos de su relación anterior, a los que se sumarán los que puedan nacer de la nueva unión. Al quedar establecidas en la Constitución, se añaden a esta amalgama social las llamadas familias homoafectivas, creadas sobre la base de las relaciones de personas de un mismo sexo».

—En el Artículo 81 de la Carta Magna queda explicitado que «toda persona tiene derecho a fundar una familia». ¿Considera que se avecinan modificaciones que flexibilicen los procesos de adopción o, de lo contrario, que auguren la aprobación de una ley de reproducción asistida para parejas homosexuales?

—La Constitución, atendiendo a los resultados de la Consulta Popular realizada, consigna en sus disposiciones transitorias que, en un plazo de dos años, se iniciará el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia.

«Hoy en día, el Código de Familia establece que “los cónyuges realizarán la adopción conjuntamente. No obstante, uno de los cónyuges podrá adoptar al hijo del otro, si el padre o madre del menor que se pretende adoptar consintiera, hubiera fallecido, hubiera sido privado de la patria potestad o fuera desconocido”. O sea, no se contemplan las uniones de hecho. Por tanto, habría que ver si en la nueva legislación se reconoce o no para este particular.

«En cuanto a la reproducción asistida —que no sería solamente para las parejas homosexuales— la población debe conocer que no se contempla en el código actual. Podemos pensar que sí, que se regulará en el nuevo y, si se lograra, para hacerlo bien, habría que establecer una ley especial. Ese constituye el principio que se sigue en todos los países que ya la poseen; o sea, regular en el código de familia los aspectos generales y establecer luego, en una legislación específica de reproducción asistida, todos los trámites, los procedimientos administrativos, médicos, etc.

«Solo resta aguardar por el nuevo código, o pudiera ser que ya se esté trabajando en una ley de forma paralela, pero en estos momentos no tenemos información al respecto. Aún así, consideramos que realmente resulta no solo necesaria, sino imprescindible.

Familias cubanas de matrimonios ancianos
(Foto: Andrés Castellanos Díaz)

— ¿Qué otros temas de índole familiar resultan privilegiados en la nueva Constitución? 

—El Artículo 83, por ejemplo, establece que «el Estado garantiza, mediante los procedimientos legales adecuados, la determinación y el reconocimiento de la maternidad y la paternidad». Ese constituye un elemento muy valioso, pues aunque en la Constitución de 1976 se protegía la paternidad, no existía en el Código de Familia norma alguna que argumentara directamente la necesidad de investigar la maternidad y la paternidad, sobre todo esta última, que es la que más litigios genera.

«Ello abre las puertas a un conjunto de pruebas biológicas que no solo se circunscribe al examen de ADN. Existen otros, como los relacionados con la determinación de los grupos sanguíneos y los elementos de antropometría, que van desde realizar mediciones anatómicas, hasta comparar fotos del presunto padre cuando era pequeño con fotos del niño, entre muchas más, lo cual facilitará el desarrollo de los procedimientos y regulaciones legales que se establecen en los procesos de filiación.

—En comparación con la Constitución de 1976, ¿cuáles son los puntos de ruptura y, por tanto, de avance, más representativos en el Capítulo III?

—En primer lugar, la idea de consignar los diferentes tipos de familia. Sucesivamente, podría enumerar otros que consideramos fundamentales: la libre investigación de la maternidad y la paternidad, el reconocimiento de los derechos de otros parientes, ya sea por consanguinidad o afinidad; el tema de la regulación de la violencia intrafamiliar, que no estaba directamente especificado en la Carta Magna anterior; el establecimiento de derechos, deberes y garantías de las familias, a través de los cuales puede establecerse una reclamación vía judicial en caso de que se violenten estos derechos, y, en el Artículo 84, el tema de la obligación de los hijos de proteger a las madres, a los padres y a otros parientes.

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