Sistema de Tribunales rinde cuenta al Parlamento cubano

El documento, presentado por Rubén Remigio Ferrero, presidente del Tribunal Supremo, recoge los principales resultados en el funcionamiento de este Órgano en el último quinquenio.

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, en sesión de la Asamblea Nacional.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo. (Foto: José M. Correa)
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El X periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, en su VIII legislatura, contempló también la presentación y debate del informe de rendición de cuenta del Tribunal Supremo a los parlamentarios. El documento, presentado por Rubén Remigio Ferrero, presidente del Tribunal Supremo, recoge los principales resultados en el funcionamiento de este Órgano en el último quinquenio.

Remigio Ferrero significó, al iniciar la presentación, que el carácter esencialmente democrático y popular del Sistema Judicial cubano y de la organización y funcionamiento de los tribunales, es también una gran conquista de la Revolución y parte de la obra de Fidel, luchador incansable por la justicia y principal impulsor de los cambios producidos en la organización y funcionamiento de la actividad judicial en el país como garante de los derechos esenciales de las personas jurídicas y naturales a través de una actividad jurídica más participativa, justa y accesible.

El presidente del Tribunal Supremo destacó en su informe los principales resultados en cinco años de trabajo, con énfasis en los que caracterizan el estado actual de gestión. En este sentido se destacó el avance y consolidación de los indicadores fundamentales que determinan la impartición de la justicia, como son desempeño diligente y ágil en la tramitación de los casos; el cumplimiento de los procedimientos establecidos, el respeto a los derechos y garantías de las partes, así como el cumplimiento oportuno de lo dispuesto por el tribunal.

En el quinquenio 2012-2016, precisó la máxima autoridad del Tribunal Supremo, ingresaron a los tribunales populares 949 068 asuntos de los cuales se tramitaron y resolvieron 924 685, el 97,4 % del total. De los casos solucionados el 84 % se tramitaron y resolvieron en los términos y plazos previstos por los procedimientos legales establecidos. No obstante, incidieron en las dilaciones de algunos procesos deficiencias en el desempeño de los jueces y el resto del personal judicial.

Respecto al cumplimiento de los procedimientos y buenas prácticas, el Tribunal Supremo ha instituido un sistema de monitoreo y control interno de la calidad sobre la actuación de jueces, secretarios y asistentes judiciales mediante acciones sistemáticas de evaluación y verificación del cumplimiento de los requisitos procesales, explicó Remigio Ferrero.

«Durante este periodo los tribunales han actuado, en sentido general, con el debido rigor y severidad con los responsables de las conductas delictivas y más dañinas para la seguridad nacional, la estabilidad económica, política y social, así como la tranquilidad ciudadana».

La integración de los órganos de justicia con las organizaciones de masas, la Policía Nacional Revolucionaria, el ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los consejos populares… ha sido fundamental en el seguimiento hacia las personas que extinguen sanción en libertad, además del tratamiento especial a conflictos relacionados con la familia, propiciando enfoques interdisciplinarios para favorecer las soluciones más adecuadas según la naturaleza de los casos, destacó el compañero Remigio Ferrero.

Otros temas a los que se les presta particular interés en el trabajo de los tribunales son el cumplimiento oportuno y efectivo de las sentencias y resoluciones judiciales, los procesos judiciales asociados al derecho civil, laboral y económico, y los procesos penales.

«Los tribunales populares del país cuentan en la actualidad con 927 jueces profesionales que representan el 81 % de su plantilla aprobada; a ellos se suman 148 recién graduados de los cursos regulares de la carrera de Derecho. El 81,2 % de los jueces son mujeres, lo que constituye una fortaleza para la judicatura del país y es notable también la proporción de jóvenes jueces profesionales que ya suman 302 y representan el 32,5 % del total y asumen con empeño, compromiso y alto sentido del deber en la compleja tarea de impartir justicia», destacó el presidente del Tribunal Supremo.

El informe también destaca que, aunque existen deficiencias, se continúa avanzando en el programa de mejoramiento de las condiciones de trabajo de los tribunales. En tal sentido, el sistema cuenta con los recursos materiales y financieros para cumplir adecuadamente sus funciones, impulsar el desarrollo de la informatización en la actividad jurisdiccional y el mantenimiento de las sedes judiciales.

Al término de su intervención, Rubén Remigio Ferrero destacó que la mayor fortaleza del Sistema de Tribunales de la República de Cuba radicará siempre en la actitud diáfana, humilde, responsable, consagrada e incorruptible de los hombres y mujeres que prestan este servicio. También expresó que el principal empeño es procurar niveles cualitativos y estar a la altura del pueblo cubano.

Acciones sistemáticas de control a la calidad que han permitido mejor funcionamiento:

  • Inspección periódica de expedientes y actos judiciales por un equipo de directivos y jueces experimentados del país.
  • Examen integral de la calidad de lo actuado, en los casos en que se producen apelaciones y reclamaciones ante los órganos de la instancia superior.
  • Investigación pormenorizada de las quejas y denuncias formuladas por la población sobre la incorrecta actuación de jueces y auxiliares judiciales.
  • Comprobación de inquietudes o dificultades planteadas por los directivos de Fiscalía, Bufetes Colectivos, Ministerio del Interior y otras instituciones.

Deficiencias en el trabajo del personal de órganos judiciales que afectan la calidad del proceso.

  • Demoras injustificadas en la realización de trámites y acciones procesales.
  • Falta de profesionalidad y solemnidad en la celebración de juicios, comparecencias y otros aspectos.
  • Incumplimiento de procedimientos y buenas prácticas establecidos.
  • Sentencias y resoluciones sin suficiente argumentación.
  • Trato descortés e inadecuado a algunas personas.