Laura Lyanet Blanco Betancourt
Laura L. Blanco Betancourt
@lauralyanet
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12 Agosto 2014

Esta era de las memorias flash y los mp4 supone ventajas informativas para los cubanos. Mediante esos dispositivos conocemos de las ratas vendidas como pollo en el barrio chino, del proceso de elaboración de cervezas y rones en fábricas ilegales, de tiendas a pequeña escala con mercancí­as de Carlos III, de los desfalcos de administradores de entidades estatales.

El caso más reciente: un video de una fábrica ilegal de refrescos en Guantánamo. Lo que sorprende al espectador es cómo uno de los obreros se lava las manos y la cara en el recipiente que contiene el agua para la elaboración de la bebida.

Más allá de los problemas de higiene del trabajador que no dejan de ser relevantes en estos tiempos de enfermedades diarreicas, preocupa otra cuestión: ¿de dónde salen el sirope y el dióxido de carbono para la manufactura?

¡Del mercado negro!, el mismo que suministra madera al carpintero, langostas al dueño del paladar, azúcar al dulcero, combustible al taxista privado...

Los hechos de este tipo no logran ser detenidos, a pesar de las acciones de los cuerpos de inspección y del MININT. Incluso, aumentan con respecto a años precedentes, como sucede en Villa Clara. Así­ lo corroboran Francisco Pérez Abreu, director provincial de Supervisión Integral (DIS), y Rafael Marichal Rodrí­guez, jefe del Grupo de Inspección y Enfrentamiento de la unidad.

Según informaciones de Pérez Abreu, esa entidad realizó hasta junio cerca de 40 000 inspecciones, que requirieron la aplicación de más de 24 000 multas. Santa Clara, Placetas, Sagua la Grande y Manicaragua constituyen los municipios con mayor incidencia. Las violaciones graves se registran fundamentalmente en Comercio y Gastronomí­a, la EPA y el Ministerio de la Agricultura.

Las contravenciones en los organismos estatales se relacionan con la higiene, manipulación inadecuada de alimentos, adulteración de precios y ocultamiento de mercancí­as. En tanto, las infracciones en el trabajo por cuenta propia se registran por concepto también de higiene, deformación del alcance de las licencias o por evasión fiscal. Poco o nada referente a la procedencia ilí­cita de la mercancí­a, la falsificación de facturas de compra y otras transgresiones donde el MININT ha sido más constante.

Las estadí­sticas de la DIS apuntan a un aumento de todo tipo de infracciones a partir de la ampliación del trabajo por cuenta propia. La ausencia de un mercado mayorista con las materias primas necesarias para estos negocios particulares constituye una agravante. La escasez de insumos expande las alianzas corruptas entre cuentapropistas y trabajadores estatales, las adulteraciones y estafas a expensas del pueblo.

Ante estas lamentables circunstancias, alguien buscará las causas de tanta desfachatez en nuestro prolongado perí­odo especial. Pero las carencias no pueden justificar la inmoralidad de quienes engordan su bolsillo sin pensar en el salario o la salud de sus semejantes.

Lo peor resulta que la peligrosa corrupción alcanza a algunos de los que, supuestamente, deben prevenir o eliminar la podredumbre moral. En 2013, la dirección de la DIS expulsó a 25 supervisores por violaciones del Código de Ética. En lo que va de año, son más de 20 los sancionados. Tampoco escapan aquellos que se aprovechan de su cargo para malversar los bienes del Estado.

En torno al fraude se instaura toda una cadena de relaciones. El heladero establece lazos con el vendedor de leche, el pizzero tiene su contacto con el trabajador de la panaderí­a estatal, la «merolica » es amiguita de la dependienta de la TRD...

Por desgracia, estamos viviendo tiempos de falta de higiene, del pan crudo para que pese 80 gramos, de la desequilibrada balanza del agromercado, de las tiendas desprovistas de productos y los revendedores cargados de desodorantes, pasta dental y ajustadores.

Y mientras las medidas se limiten a la democión a un puesto inferior, afectaciones salariales irrisorias o multas de 100 a 300 pesos, se mantendrá saludable el negocio «por la izquierda ».

A este paso, no hay economí­a que sobreviva, y menos que se desarrolle. Las disposiciones contra la corrupción deben ser drásticas, para poner fin de una vez y por todas al desví­o, el acaparamiento, la reventa. La satisfacción de las demandas del pueblo no puede realizarse a costa del saqueo al Estado y la estafa al prójimo. No cambiemos moral por dinero.

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