Y sin embargo, ¡se mueve!... (pero a qué precio)

En estos momentos, los consejos de administración no tienen facultad alguna para topar los precios de la transportación privada; o sea, todo se rige por la ley de Oferta y Demanda.

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La medida explotó como polvorín encendido, temblaron las rodillas de muchos, y los galones clandestinos fueron a parar a donde no los encuentran ni los más indiscretos. La mano abierta se cerró; se le dieron tres apretones al grifo pródigo de las empresas, y el desvío de combustible —estable como las mareas— achicó tanto su cauce, que no quedó otro remedio que entrar por el «aro en llamas» de la legalidad.

De enero a marzo del 2019, los 479 vehículos automotores particulares con licencia operativa para la transportación de pasajeros, registraron en los servicentros villaclareños un promedio de compra que fluctuó entre 1.11, 1.05 y 1.58 litros diarios de diésel —aunque, según alegan los propios choferes, el rendimiento de los camiones (102 en total) oscila entre dos y tres kilómetros por litro—.

Ilustración de Martirena
(Caricatura: Martirena)

En abril, los números subieron a 4.68, y antes de que concluyese la segunda quincena de mayo —«coincidentemente», durante las mismas fechas de la visita a Villa Clara del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez—, un récord histórico, sin antecedentes en la provincia: 18.97.

La diferencia de venta de 263 200 litros más de diésel con respecto al mismo mes del 2018, le lanza un balde de agua helada al sentido común de la sociedad. O sea, sin que medien gentilezas ni eufemismos que ablanden las palabras: el robo de combustible constituía en esta provincia un secreto público apenas disimulado; el engendro dantesco de un descontrol tan bien ungido que, según informó a Vanguardia el vicepresidente del Consejo de la  Administración Provincial (CAP), Gustavo Pérez Bermúdez, derivó en el procesamiento de más de 21 entidades y empresas estatales, responsables internos y receptadores que, en este minuto, están sujetos a investigaciones judiciales por delitos de dicha naturaleza.

La disponibilidad y uso racional del combustible —con especial énfasis en el diésel, dado que se emplea en esferas tan sensibles como la generación de electricidad, los mayores programas agroindustriales y la transportación masiva de pasajeros—, se ha convertido en un tema emergente en la agenda gubernamental. No es un secreto para nadie que el asunto preocupa a cada ciudadano que aún recuerde los efectos psicológicos de un país prácticamente paralizado. De hecho, las medidas propuestas por las administraciones territoriales al Consejo de Ministros, distinguen por su radicalidad y la voluntad manifiesta de taponar la fuga invaluable de los pocos recursos que tenemos.

De los juicios ejemplarizantes a lo largo del caimán, ya hemos escuchado todos. ¿Y qué acciones valora la alta dirección del país? El decomiso, por ejemplo, de los medios involucrados, incluyendo los automotores, en las infracciones asociadas al combustible. Y pocas veces, sobre todo en tiempos de turbiedades, el río suena sin que arrastre algo...

La corporación Cimex S.A, casa matriz de los Servi Cupet, encabeza la arremetida contra el feudo «alternativo» de la comercialización de diésel. De conjunto con el gobierno, el PCC, la Policía Técnica Investigativa, la Fiscalía y el Tribunal, han promovido encuentros de preparación con los administradores, jefes de turno y los trabajadores de los servicentros, para ponerlos al tanto sobre los modus operandi detectados en este tipo de unidades.

¿Las famosas tarjetas dudosas?, más expuestas que el trasero de un recién nacido, y los casos de las empresas inspeccionadas a las que se les impute por el cargo de uso deficiente del combustible, recibirán un descuento, durante tres meses, del 50 % de su asignación. Guerra avisada.

Y el cinto aprieta al cuentapropista que, no obstante, siempre hubo de justificar un por ciento de sus gastos en el momento de realizar la declaración jurada. Con 30 litros de diésel al mes —los declarados, comprobante de por medio—,  contra tres o cuatro viajes diarios de Santa Clara a Caibarién, por mencionar una ruta habitual, no sé cómo se las arreglarían para barnizar tales números con algo de credibilidad.

Sin embargo, las respuestas a las acciones de control, ya se trate de un adolescente o un chofer acorralado, suelen estallar como granadas sin seguro. Liborio —sabio y descreído— dedujo, desde mucho antes de que el eco de la crisis retumbara en sus predios, que la contramedida de los transportistas privados le tensaría los nervios. Más, mucho más.

Entre el diésel escudado bajo siete llaves, la obligatoriedad de adquirirlo a 1 CUC por litro, y la reducción de la asignación mensual para el sector estatal —según declaraciones de Héctor Amador González, director de la Empresa de Transporte en Villa Clara, en junio solo recibieron el 40 % de su plan de combustible—, las opciones privadas de traslado han engordado sus precios y representan hoy otro quebradero de cabeza para el cubano.

De la capital provincial a La Habana: ¡140 CUC!; a Sagua la Grande y Caibarién, 60 pesos; 30 a Camajuaní; 40 y 50, en dependencia del día y la hora, hasta Placetas, y las comunidades rurales quedaron fuera del mapa. Lo de las motonetas a la Universidad Central es otra historia de un hedor persistente. Dos filas —apurados y «comunes»—. ¡Ah!, y los cocheros, que no utilizan petróleo, ni les aumentó el precio de la hierba, pero ahora cobran cinco inalterables pesos, así el tramo sea de un kilómetro o de tres cuadras.

No obstante, la necesidad de llegar a tiempo atormenta casi tanto como un estómago vacío; así que molestos, dolidos y violentados en nuestra condición de daño colateral, extendemos los billetes —cuando se pueda—, o nos resignamos a derrochar minutos y horas  en una convención colectiva de desconocidos que rumian las mismas amarguras. «¿Hasta cuándo?».

«El sector no estatal está amparado por la Resolución 368/2011, la cual regula las actividades referentes a la transportación por medios privados con licencia operativa para ello —explica el vicepresidente del CAP en Villa Clara—. En el artículo 4.1 de dicha resolución, se fundamenta que todos los servicios públicos de transportación de carga de pasajeros serán según la oferta y la demanda válidas en el territorio nacional.

«Es decir, la propia legislación ampara que cada cual acuerde con los usuarios el monto a cobrar del origen al destino final. En estos momentos, los consejos de administración no tienen facultad alguna para topar los precios de dicho servicio, y todo se rige por la ley de Oferta y Demanda».

¿Qué esperar entonces? ¿Un síncope social? Pero en medio de las cavilaciones más oscuras te percatas de que el maldito chofer-carero-abusador que te extirpa de la cartera más de lo que ganas en un día de trabajo, no constituye un átomo libre dentro de la microeconomía nacional, sino otra expresión del consumo cotidiano que, encadenadamente, se ha encarecido hasta límites ridículos de tan impensables.

Sin embargo, según alegó Pérez Bermúdez y confirmó Jorge Díaz Llanes, director de Fiscalización de la Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía (ONURE) en la provincia, la máxima dirección del país ya proyectó una nueva resolución, actualmente en fase de implementación, que permitirá que los choferes particulares inscritos como trabajadores por cuenta propia —más de 15 000 en total— operen con una tarjeta magnética para adquirir el combustible con precios preferenciales.

«Este plan implica un conjunto de medidas adyacentes que involucran a varios ministerios y organismos. Primero hay que darle la tarjeta al cuentapropista, pero tenemos que ver dónde y cómo la van a cargar, dónde la pagarán, etc. Se tendrán que conciliar precios, rutas, cantidad de viajes, así como los detalles relacionados con el pago de impuestos, porque las cuentas estarán más claras y debemos encontrar la manera de que se cree una relación donde se beneficien todas las partes: el Estado, el chofer particular y, ante todo, la población», expresó el directivo de la ONURE.

El vicepresidente del CAP refiere asimismo que «los consejos de administración están imbuidos en el reordenamiento de la plantilla de transportistas privados, con el fin de dinamizar su incorporación   a las nuevas modalidades para la compra del combustible».

Yo no creo que falten mentes ni brazos para levantar las soluciones e impulsarlas hacia adelante. No creo, por tanto, que en la espera se nos deba agriar la esperanza: entre la detección del problema y el surgimiento de formas viables de superarlo, no tendría que pasar más que el tiempo prudente.

Alternativas, para no quedarnos plantados; y agilidad, porque la confianza del pueblo se gana con las acciones correctas, en el momento correcto.  

Se han publicado 6 comentarios

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  • Guillermo

    Explicación muy completa pero; acaso Revolución no "...es cambiar todo lo que deba ser cambiado...", hasta cuándo la famosa e injusta "Ley de oferta y demanda" va a seguir diezmando el bolsillo de los "pobres de la tierra", del ciudadano de a pie, que es la mayoría de la fuerza laboral estatal y que de seguro aporta más a la economía que el resto de las fuerzas laborales, pudiera ser muy bonito decir que esa Ley capitalista nos beneficia, pero mientras la oferta no supere todas las demandas seguirá siendo engendro contra el pueblo trabajador, y repito mi pregunta; ¿hasta cuándo?.

  • yovc

    Guillermo tiene razon, esas tres palabras Oferta y Demanda son una pelicula de terror, no solo en el transporte sino tambien en los mercados como el de este tipo en buenviaje, ya al dueño gordito de casi todos los puestos para no decir todos no le cabe un anillo en las manos ni una cadena mas en el cuello. eso es con los precios que los vendedores te dicen bajito... 20.00 la libra cuando la tablilla dice 10.00.
    hasta cuando los carros y guaguas van a seguir circulando vacias por toda Santa Clara, !!!
    Abel Falcon por favor has algo por nosotros los de a pie, un programa de ALTA TENSION pero bien ALTA con estos jefes de transporte y el gobierno , todos junticos

    • Digna Morales Molina

      El mercado de oferta y demanda es del Comercio Interior pero tal y como dice su nombre es Oferta y Demanda los precios no están topados, ni es facultad nuestra hacerlo solo en casos excepcionales cuando ha existido un ciclón o la tormenta Alberto es que el Consejo de Administración a determinado topar los precios por un acuerdo. Lo que establecemos es que debe existir la balanza e inspectores nuestros para que no halla engaño al consumidor en las pesas. Además le comunicamos de dicha situación al vicepresidente que atiende el área de comercio. Pero en esta misma área esta ese mercado de Oferta y Demanda, está un mercado estatal de la Agricultura (Acopio) y además existe otro mercado que si topa precio que son Los Pilongos que es la antigua feria del Sandino concentrado en ese local en el cual si permanece la sombrilla , los inspectores, y los precios. No obstante , la direcci{on de Comercio esta abierta a sostener un dialogo con usted para abordar con mayor profundidad este tema y darle la respuesta que usted merece 42203991 o 200613.

  • Raidel Lopez Aparicio

    Lo del transporte es el cuento de nunca acabar(como casi todo), la inventada Ley de Oferta y Demanda, cada vez mas demanda, pero del sufrido bolsillo del pueblo trabajador, que esta que no aguanta mas, se han estado tomando medidas con los carros estatales que no son solidarios con el projimo en la carretera, pero sin duda alguna todavia son insuficientes,los carros estaticulares siguen sin parar, los jefes y sus familias pasan sin mirar para el lado.Lo de los boteros es cosa aparte, todo el mundo sabe de donde sale el combustible , lo dicen, lo reconocen incluso con estadisticas, pero hasta ahi, a nadie parece convenoirle buscarse el problema, como dice la frase , es de liborio,en Santiago de Cuba y algunas provincias de Oriente los Gobierno establecieron, precios por rutas y todo aquel que no se acoge a esa disposicion, tuvo que entregar su Patente. Es que acaso eso no esta en Cuba, no se puede seguir permitiendo que unos pocos sigan viviendo del sudor de muchos.

  • Alex

    Hasta cuándo el cuento de nunca acabar la mayoría de los boteros de manicaragua a santa Clara son ilegales muchos no tienen pasado ni el somaton están cobrando ahora mismo 30 y 35 pesos te dejan al cruzar la cincurvalacion se mueven con combustible robado todo el mundo sabe eso los inspectores el otro día fueron y se pasaron la mañana en la terminal ahí parados como si nada y los chóferes entonces recogían desde otros lugares donde tenían escondidos los carros existe una mezcla de impunidad con corrupción en todo esto.

  • Pedro

    Hace poco tuve que viajar de urgencia de La Habana a Sagua La Grande via Santa Clara. Cuando llegué a Santa Clara, fui primero a la terminal para ver si había algún transporte planificado para Sagua. Pues, no había nada en todo el día. Cuando las empresas estatales que tienen ese objeto social no concurren y lo dejan todo en manos de los particulares, no se puede pensar que sea posible una rebaja de los precios. No se puede culpar de todo a los particulares. Probablemente, el escaso petróleo que se asigna a las empresas municipales termina en manos de los particulares, un negocio redondo para los chóferes y demás.

    ypc