Todos los días rueda de los bolsillos adoloridos al mostrador. Resbala sobre hombros encogidos y manos lavadas, para sumergirse en los laberintos del mercado subterráneo. Siente la punzada de una pirámide invertida y tambaleante, donde la base, acostumbrada a permanecer en la cúspide, se niega a ocupar su respectiva posición. Hace años que la culpa vaga sin dueño, mientras el pueblo resulta condenado.
La solución definitiva al dilema de los precios llegará con una inyección de productividad a la tan deprimida oferta. En un clima de abundancia y competencia económica funcionarán los resortes indirectos que anulan a los infractores, elevan la calidad de los productos y servicios, y equilibran la balanza personal de ingresos y gastos, harta de inclinarse siempre hacia el mismo lado.
Mientras eliminamos las ineficiencias, enmendamos las distorsiones de la Tarea Ordenamiento, despertamos a los administradores y echamos a andar la economía por rumbos lógicos, los organismos facultados para hacer cumplir la ley resultan la única escapatoria del robo, la extorsión y el irrespeto a los consumidores.
Aunque no al ritmo del abuso y la especulación, durante el mes de enero creció en Villa Clara el quehacer del Ministerio del Interior (Minint), la Dirección Integral de Supervisión (DIS) y la Fiscalía.
Según los datos ofrecidos en la revista especial transmitida recientemente por CMHW y Telecubanacán, la Policía impuso más de 5900 multas y procesó a 75 ciudadanos; los inspectores integrales aplicaron 2998 contravenciones personales y las investigaciones fiscales detectaron 56 violaciones de la legalidad. También constan retiros de licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia, decomisos y venta forzosa de productos al precio establecido.
¿Las violaciones? Variadas y conocidas: alteraciones de precios y tarifas, engaño al consumidor, mercancías ocultas, desinformación, actividad económica ilícita, acaparamiento, apropiación indebida, especulación y otras con las que usted tropieza a diario, tanto en los modelos de gestión estatal y no estatal como en el «sindicato de revendedores por cuenta propia».
Los corruptos que surten el mercado negro con los recursos desviados del sector estatal se escudan tras el desabastecimiento para lucrar con las necesidades de la población; pero la oferta escasa o nula que obliga a comprar los productos imprescindibles en subastas públicas se deriva, precisamente, del robo convenido con trabajadores y administradores: una cadena que nunca muestra su primer eslabón.
En este punto valen dos acotaciones. Primero, los recursos del Estado tienen como legítimo dueño al pueblo, y es interés de todos preservarlos, para que lleguen a las manos correctas en el momento justo. Segundo, la especulación solo mueve un montón de billetes de mano en mano, sin el debido respaldo de bienes y servicios; dispara la inflación, disminuye la capacidad de compra y, lejos de corregir deformaciones económicas, las ensancha.
Qué decir de la ilegalidad parasitaria que engorda a la sombra de los honrados. Los carretilleros con productos del agro a precios de boutique se roban el show en cualquier esquina, y prefieren ver podrir la mercancía antes de ceder un ápice de sus ganancias.
Sin embargo, en esta cotidianidad real y maravillosa no faltan abogados populares dispuestos a defender al infractor durante las inspecciones, con una simpatía masoquista. No se deje engañar, cubano, nadie revende por vocación filantrópica ni por instinto de supervivencia.
La inercia administrativa también sabotea el control: de las 333 respuestas recibidas por la DIS, solo diez consistieron en separación del cargo. Las restantes se quedaron en amonestaciones y medidas disciplinarias leves.
Otra barrera en el enfrentamiento radica en la cuantía de las multas. Las aplicadas al sector no estatal alcanzan los 1000, 2000 y hasta 4000 pesos, de acuerdo con el decreto ley 357/2018. En cambio, la cariñosa suma de 100 pesos, amparada por el decreto 227/1997 estimula la ilegalidad perpetua en el sector estatal. ¿Dónde queda la igualdad de condiciones para todos los actores económicos? ¿Cuándo llegará el reordenamiento de las sanciones monetarias?
No obstante los aciertos de los primeros cortes, «queda mucho machete por dar todavía» en el marabuzal de precios abusivos y especulativos. Eliminar todas las brechas a la corrupción, garantizar el respeto al consumidor, incluso, lejos de la mirada de inspectores y oficiales; continuar escuchando y respondiendo las denuncias de los afectados, sacar de la escena a todo el que favorezca el delito desde posiciones institucionales, e imponer castigos tan escandalosos como las violaciones pondrá nombre y rostro a la culpa fugitiva y devolverá al pueblo la tan esperada seguridad comercial.