Suelos inactivos, de esos que denominan ociosos, proliferan en espera de villaclareños que, después de la correspondiente solicitud, los explotarán lo antes posible para producir alimentos. Abundan en las cercanías de carreteras y hacia el interior de municipalidades. De eso se habla desde hace tiempo.
De acuerdo con cálculos, unas 60 000 hectáreas permanecen sin utilizar en la provincia, aun cuando, según reclama la Tarea Ordenamiento, se precisa del estímulo para la incorporación y estabilidad de fuerza de trabajo apegada a la tierra.
No queda otra vía posible, como en tiempos de mayores bonanzas, que asumir esas superficies y echar a andar la producción agropecuaria al margen de una inexistente mentalidad importadora de alimentos. Ahora se impone desterrar burocracias y papeleos para recibir a los nuevos beneficiados. Ya se tiene la experiencia lograda en aquellas excelentes tierras que en usufructo fueron otorgadas.
La prestación de servicios agropecuarios y la comercialización de producciones e insumos estrecha el vínculo de los usufructuarios con el sector estatal. En algunos lugares existen loables experiencias, y con aplicación de ciencia y técnica agropecuaria se recogen positivos resultados.
La pandemia de la COVID-19, y la carencia de fertilizantes y plaguicidas para garantizar elevados rendimientos agrícolas, obligan a buscar alternativas encaminadas al logro de una agricultura más sustentable y orgánica. Eso es obvio.
Sin desdeñar esa prioridad, la política de comercialización y precios agropecuarios en Villa Clara también constituye una brida para contener determinadas ilegalidades en formas productivas que desvían cosechas, incluso incumpliendo sus contratos, hacia puntos de venta improvisados, en los cuales la especulación, con tarifas abusivas, está a la orden del día.
En tal sentido, se readecuan los mercados estatales agropecuarios que asume Acopio, como entidad de comercialización y distribución, así como los puntos de venta acogidos ahora por diferentes formas de producción radicadas en la provincia. Las acciones de reorganización, a pesar de no compensarse la demanda con la oferta de alimentos, ya muestran halagüeñas perspectivas y las cosechas se acercan con más estabilidad a poblados y comunidades.
La aplicación del Decreto 30/21, de reciente circulación en la Gaceta Oficial, esclarece aspectos relativos a «las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas», y ahí entran a jugar las normativas de ventas mayorista o minorista. Unas son aprobadas por el país en los denominados renglones centralizados, y en aquellos facultados por la provincia y los municipios persiste una independencia a partir de un tope fijado. En adelante, las rayas, en una carrera de fondo donde impera en todos los cubanos la resistencia de años, tienen un límite. Ahí están suscritas.