Sobre los precios crecientes y el dilema de «la gallina y el huevo» para controlarlos, se ha dicho mucho y resuelto poco. El incremento y la diversificación de las ofertas, junto a un programa de estabilización macroeconómica, resulta la respuesta más efectiva a una de las principales demandas de la población; pero, no pueden faltar la regulación y el control por parte del Gobierno y el Estado.
De dicha responsabilidad se deriva la Resolución 148/2023 «Metodología para la elaboración de la ficha de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas», emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, y publicada en la Gaceta Oficial el pasado 6 de julio.
Días después, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro Vladimir Regueiro Ale expresó que la implementación debe contribuir a una mayor transparencia y una mejor concertación de precios racionales. Sin embargo, aclaró que la norma no abarca la actividad comercial, donde se acumula gran parte de las violaciones e insatisfacciones.
La resolución establece la obligatoriedad de confeccionar la ficha de costos y gastos para la evaluación de precios y tarifas mayoristas para todos los actores económicos que sean productores y prestadores de servicios técnico-productivos, elaboradores de ofertas gastronómicas y para los que ofrecen otros servicios minoristas que así lo requieran.
Asimismo, reconoce que los precios mayoristas y tarifas técnico-productivas se forman por correlación con sus similares de exportación, importación o sustitutos del mercado interno, según calidades equivalentes, siempre que con su aplicación se cubran todos los costos y gastos y no generen subsidio. En caso de no existir referentes o tratarse de rubros no competitivos, se forman por métodos de gastos.
Orbelio León León, subdirector de Finanzas y Precios en Villa Clara, explicó que las regulaciones anteriores sobre el tema quedaron derogadas a partir del ordenamiento monetario, por lo que cobra gran importancia aplicar una nueva, acorde con el actual contexto socioeconómico.
Entre las novedades de la legislación señala, además del obligatorio cumplimiento por todos los actores de la economía —hasta el momento, el sector no estatal fijaba precios a través del mecanismo de oferta y demanda—, que el acuerdo del precio entre las partes llegará hasta el límite reconocido en la ficha, que el aporte realizado por determinadas entidades a los organismos superiores de dirección empresarial (OSDE) no excederá el monto asignado a gastos generales y de administración, así como el estímulo a las actividades agropecuaria, de informática, ciencia e innovación, y a las empresas de alta tecnología, con un margen de utilidad de hasta un 30 % sobre el total de costos y gastos.
En cuanto a la implementación de la metodología en Villa Clara, el directivo enumeró el recorrido por todos los municipios, la capacitación en las empresas de subordinación local, provincial y nacional, a un grupo de mipymes y de trabajadores por cuenta propia; la revisión de más de 1000 fichas en 22 entidades, en las cuales apenas 695 estaban correctas y sólo se pudieron disminuir los precios de 38 producciones.
Varios aspectos atentan contra la aplicación satisfactoria de la Resolución 148: la falta de personal encargado de revisar la ejecución de lo dispuesto —una actividad tan poco motivadora como exigida por la población—, la inflación, y la no existencia de mercados mayorista y cambiario legales que aporten estabilidad a los precios y seguridad a los procesos de negociación y concertación.
Además, resulta imprescindible el acompañamiento con otras medidas orientadas a estimular a productores y prestadores de servicios, para que no intenten cubrir los gastos con el incremento de los precios.
Lunes, 27 Noviembre 2023 14:27
Control de precios y tarifas,¿Es un chiste?