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Gobernar con todos y para todos

«La autonomía es un paso adelante en la convocatoria a concretar la idea de “cada cual según su capacidad”, y espero que no demore en traducirse en “a cada cual según su trabajo”».

Participación ciudadana en Cuba
(Foto tomada de Internet)
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A menos de un mes de que concluyan los debates públicos en torno al Proyecto de Constitución de la República de Cuba, sorprende sobremanera que muchas de los planteamientos y las expectativas de la ciudadanía se asienten sobre un trasfondo de evidente desconocimiento y escasas luces políticas.

Tal resulta el caso de los temas concernientes a los órganos locales del poder popular (Título VII: Organización territorial del Estado; capítulos I y II), donde el grosor de los cuestionamientos y análisis colectivos se han desviado al terreno de las nuevas denominaciones —gobernador, vicegobernador e intendente— y, escasamente, suponen un foco de atención social, aun cuando la propuesta supera lo legislado en la carta magna vigente.

Participación ciudadana en Cuba
El proyecto constitucional representa una garantía para desarrollar las potencialidades endógenas de las comunidades. (Foto tomada de Internet)

Los asuntos relativos a las novedades en la gobernación local, sustentadas en la autonomía de las asambleas municipales del Poder Popular como los «órganos superiores del poder del Estado en su demarcación», implican no solo un extraordinario avance en cuanto a los temas concernientes a la aprobación y control de planes económicos, presupuesto y recursos. De hecho, en este apartado en específico, el proyecto de Constitución representa una garantía para refrendar políticas gubernamentales que se sostendrán sobre el genuino ejercicio de una democracia participativa.

La Doctora en Ciencias Jurídicas Mirtha Arely del Río Hernández, profesora titular del Departamento de Derecho de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), reconoce que «durante décadas, la autonomía ha tenido una débil realización en los municipios cubanos, lo cual se ha visto condicionado por diversos factores, entre los que resalta el desbalance entre centralización y descentralización, con predominio de la primera.

«En varias investigaciones realizadas sobre la municipalidad en el país, se constatan como debilidades reiteradas el exceso de centralización en la toma de decisiones, la falta de recursos materiales y monetarios para el desarrollo de políticas públicas a nivel territorial, la indeterminación de las competencias municipales, la dependencia de entidades superiores, fundamentalmente de la instancia provincial; la no utilización del potencial que poseen los municipios, la resistencia al cambio y la falta de preparación de los cuadros y directivos, entre otras. Desde la reforma constitucional de 1992 se intentó estimular, a niveles superiores, la descentralización y autonomía a favor de los municipios, pero en la práctica no se avanzó lo suficiente».

A pesar de que Cuba se incorpora, constitucionalmente hablando, a la experiencia de la autonomía municipal con varias décadas de atraso respecto a otras muchas naciones latinoamericanas, ¿qué impactos socioeconómicos podrían concretarse a nivel comunitario?

«Desde la reforma constitucional de 1992 se intentó estimular, a niveles superiores, la descentralización y autonomía a favor de los municipios, pero en la práctica no se avanzó lo suficiente».

— En el proyecto de Constitución hay un reconocimiento expreso de la autonomía municipal, que no aparece de igual forma en la actual carta magna. O sea, en la nueva propuesta se reconoce expresamente que el municipio “goza de autonomía y personalidad jurídica”, y que “cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del Gobierno de la República”. Reconoce, además, que “la autonomía del municipio comprende la elección de sus autoridades, la facultad para decidir sobre la utilización de sus recursos y el ejercicio de las competencias que le corresponden”.

«Otra cuestión importante radica en que ahora se valora al municipio como parte de un todo, que es la nación; por tanto, establece que la autonomía “se ejerce de conformidad con los principios de solidaridad, coordinación y colaboración con el resto de los territorios del país”. Ello va dirigido a garantizar que se produzca un desarrollo económico y social equitativo entre todos los municipios y provincias».

—Pero los cambios no pueden legitimarse solamente desde la legislación. Quienes gobiernan también habrán de reformular sus estrategias, proyecciones y formas de hacer.

—En la práctica, la implementación eficaz de la autonomía municipal dependerá de múltiples factores, tanto objetivos como subjetivos. Será necesario que en los actores gubernamentales se produzca un cambio de mentalidad y de sus modos de actuación, viciados durante muchos años por el verticalismo, el sectorialismo y la centralización en la toma de decisiones. ¿Resultado?: se han condicionado actitudes pasivas, de las del tipo que aguardan por las instancias superiores para que vengan a resolver problemas internos.

«El éxito obedecerá directamente no solo a la capacidad jurídica que la ley le reconozca a las entidades municipales para desarrollar su gestión, sino a la preparación política, económica y técnica de los actores gubernamentales, como son los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular y los miembros de los Consejos de Administración Municipal (CAM), los cuales habrán de asumir un papel más protagónico y responsable en la toma de decisiones. Esto se relaciona con la necesidad de mayores niveles de autoridad y liderazgo, de modo que las asambleas municipales se erijan como verdaderos órganos  de poder local, capaces de representar al pueblo en su demarcación territorial y de asumir, con eficiencia, la responsabilidad de satisfacer las necesidades locales.

«Sin embargo, la participación de la población en los procesos de toma de decisiones resulta un elemento clave en la nueva política, pues ello favorecerá que se aprovechen al máximo los saberes individuales y colectivos, y que dichas disposiciones posean un alto nivel de legitimidad y consenso en tanto respondan genuinamente a los intereses de los ciudadanos».

Participación ciudadana en Cuba
(Foto tomada de Internet)

—No obstante, amén de la cultura democrática sobre la que se erigen las bases de nuestro sistema social, lo cierto es que la noción de «ser parte, tener parte y tomar parte», se ha trasmutado peligrosamente debido a prácticas que falsean la verdadera esencia de la participación social. 

—Cuando se habla de la participación en la toma de decisiones, nos referimos a que los ciudadanos deben tener cuotas de intervención o participación directa en las distintas fases del proceso decisorio; o sea, en el planteamiento de demandas, la valoración de las posibles alternativas de solución, la selección de la opción óptima o en la toma de la decisión propiamente dicha, la implementación de las decisiones y el control de dicha ejecución. «Los ciudadanos tienen derecho a participar en esas decisiones locales, pues impactan de forma directa en su vida cotidiana al estar relacionadas con los llamados “asuntos de interés local” dentro de los que se incluyen la salud pública, la educación, acueducto y alcantarillado, la vivienda, los servicios comunales, la recreación, el transporte, etc. Por tanto, el reconocimiento de la autonomía municipal conlleva a la necesidad de fortalecer las vías y mecanismos de participación, y no solo desde la Constitución, sino también en la legislación complementaria que luego se apruebe, de modo no sea vista como un fin en sí misma, sino como un medio para alcanzar mayores niveles de desarrollo en las localidades».

—O sea, ¿qué deberá modificarse y/o reestructurarse al respecto en la futura carta magna?

—Si tomamos en cuenta la ampliación de las facultades decisorias que implica la autonomía municipal, dentro de los mecanismos de participación deberán fortalecerse los relativos al control popular sobre la actuación de los representantes. De hecho, entre los asuntos imperativos se distinguen el perfeccionamiento de los procesos de rendición de cuentas de los delegados a sus electores, la transparencia en la gestión de las entidades municipales y el derecho de acceso a la información pública generada en esas instancias y en los debates que tienen lugar en las sesiones de la Asamblea y su órgano de administración. El objetivo reside en que la población de los municipios esté informada sobre el desempeño de sus órganos representativos y ejecutivo-administrativos, de las decisiones y acuerdos que estos adoptan, de las razones que sustentan tales decisiones, del uso y destino que se da a los recursos materiales y financieros, etc.

«En materia de derechos de participación, el proyecto constitucional contiene avances con respecto a la Constitución de 1976. Por ejemplo, se regula de manera expresa el derecho del ciudadano cubano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado y, por vez primera, se incluye dentro de ese derecho el de tomar parte en plebiscitos y consultas populares, y el de mantenerse informado en cuanto a la gestión de los órganos y autoridades del Estado.

«No obstante, independientemente de las propuestas que pueden y deben hacerse en la consulta popular para ampliar y perfeccionar los derechos de participación, su regulación ya significa un avance en materia de democracia».

Participación ciudadana en CubaComunidad = Simetrías + Potencialidades

El sociólogo Joaquín Alonso Freyre, doctor en Ciencias Filosóficas, profesor titular de la UCLV y miembro del tribunal nacional permanente en Ciencias Sociológicas, no solo discursa deliciosamente sobre estos temas por el hecho de fungir como uno de los fundadores y principales teóricos del Centro de Estudios Comunitarios (CEC) de la «Marta Abreu». Pensamiento y alma le sobran a un extraordinario investigador que, sin permitirse pausas, analiza desde esta isla los fenómenos sociales —clásicos y emergentes— que se generan y proyectan en los cubanos.

«Cuando se da por sentado y se acepta que la gente vive en comunidad —enfocada en la concepción fundamentada por el CEC, la cual se refiere al estado de simetría existente en las relaciones sociales y que se manifiesta en procesos de participación y cooperación en torno a proyectos colectivos—, se pierde la capacidad de cuestionar las asimetrías que están delante de nosotros y que afectan profundamente la integración social. Hoy, una de las asimetrías más lacerantes para el pueblo resultan las provenientes de los efectos de la llamada “pirámide invertida”, generadora de desigualdades sociales no resultantes del trabajo.

«Por tanto, el impacto socioeconómico de la autonomía municipal a nivel local es que puede aprovechar mejor los recursos endógenos que solo conocen y pueden movilizar quienes saben de su existencia y de qué se debe hacer para movilizarlos. Los altos niveles de centralización han alejado las decisiones del lugar donde impactan y, además, tienden a ser homogéneas, pues quienes las toman desconocen la enorme diversidad existente y la historia y tradición locales.

«También está el factor subjetivo: hay cosas que son entrañables para las personas de un lugar y nunca alguien de allí tomaría una decisión que las afectara. Lo que forma parte de la identidad constituye un recurso que no se queda en lo subjetivo. Trasciende en lo económico desde esa dimensión cultural del desarrollo que se traduce, incluso, en los deseos que le pones a lo que haces».

—Ya quedó claro que el empoderamiento de la comunidad en torno a proyectos comunes que favorezcan el desarrollo local, tiene como causa-consecuencia directa una mayor participación social en la toma de decisiones a nivel público. Por tanto, ¿supone el nuevo proyecto constitucional una alternativa más humanista y democrática?

—El humanismo y la democracia no son entidades abstractas, como suelen hacernos creer los defensores del capitalismo, quienes reducen los derechos humanos a derechos civiles y políticos. Para nosotros, los derechos humanos abarcan a la persona en todos los aspectos de su vida, por tanto, atraviesan lo económico, lo político y lo cultural.

«Si comparamos el proyecto de Constitución que hoy se debate con la carta magna de 1976, se distingue de inmediato el enorme salto que supone la nueva propuesta en lo referido al reconocimiento de derechos. Resulta muy apreciable todo lo que el país ha avanzado en justicia social y que hoy se desea refrendar como Ley Fundamental. En lo concerniente al empoderamiento de la localidad, también resulta una alternativa más humanista y democrática porque amplía la capacidad decisoria de las personas respecto a cuestiones que les conciernen: sus intereses, necesidades y aspiraciones se toman más en cuenta, y su saber puede aportar positivamente a la efectividad y eficacia de lo que se decida.

«La autonomía es un paso adelante en la convocatoria a concretar la idea de “cada cual según su capacidad”, y espero que no demore en traducirse en “a cada cual según su trabajo”».

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