«Para nosotros es un placer recibirla nuevamente en Cuba, y le damos mucho valor a su visita», expresó el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al dar la bienvenida a la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.
Desde el Palacio de la Revolución, el Jefe de Estado dijo: «Sé que ha tenido un programa muy intenso de trabajo en Cuba, que se ha reunido con representantes de nuestro Gobierno, de instituciones de la sociedad civil cubana; y estoy convencido de que esto le ha podido dar una valoración más completa de todas las afectaciones que tiene nuestro pueblo por el bloqueo y, particularmente, por el recrudecimiento en los últimos años».
Subrayó, además, que la inclusión de la Isla en la lista de Estados supuestos patrocinadores del terrorismo «es un golpe tremendo a las aspiraciones del pueblo cubano», pues «cortó de golpe todos los financiamientos externos que recibía el país por créditos, remesas, por una parte importante del turismo que venía de EE. UU., y también desde otras regiones del mundo».
Ratificó, asimismo, la disposición y la voluntad, «como país, como Gobierno, de apoyar su mandato y de cooperar con todos los mecanismos y procedimientos de Derechos Humanos, dentro del Consejo».
El Jefe de Estado hizo referencia a cómo el impacto del ciclón Melissa en el Oriente del país se suma crudamente a las afectaciones que ya tenía el pueblo como producto del bloqueo, a la par que resaltó la solidaridad internacional recibida.
En ese sentido, recordó las palabras del miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, ante Naciones Unidas, recientemente, en la presentación de la Resolución que condena a esa política genocida: «¿Cuánto hubiera podido hacer Cuba en seis décadas si no hubiera tenido las afectaciones que ha provocado el bloqueo?».
Por su parte, Alena Douhan agradeció a Díaz-Canel por la invitación a Cuba, e hizo explícita su solidaridad con el pueblo de la Mayor de las Antillas ante los daños que el huracán Melissa causó; y dijo que uno de los problemas que traen consigo las medidas coercitivas unilaterales, es que con ellas se utiliza una retórica de las sanciones que dividen al mundo en buenos y malos, lo cual dificulta hacer conciencia sobre las verdaderas consecuencias humanitarias que tales medidas entrañan.
Al respecto, manifestó que valora mucho «la metodología que ha desarrollado Cuba para cuantificar los daños materiales, los perjuicios económicos que suponen las medidas para el país».
El bloqueo viola los derechos humanos del pueblo cubano
Previo a ese encuentro, la experta ofreció una conferencia de prensa en la que reconoció que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, «diseñadas para impedir que Cuba reciba ingresos económicos, especialmente en divisas», ha exacerbado sustancialmente la situación económica, política y social en la Isla, «que ya se ha visto afectada por los desastres naturales, la covid-19 y otros desafíos a nivel nacional».
Destacó que, durante su estancia, del 11 al 21 de noviembre, comprobó que las sanciones impuestas a cualquier transacción con Cuba y la condición de que los buques entren a puertos estadounidenses solo 180 días después de visitar puertos cubanos, han provocado un déficit crítico en los ingresos del Estado, hiperinflación, creciente pobreza e insuficiencia de recursos para garantizar las necesidades básicas de la población, con un impacto especialmente devastador en los grupos vulnerables.
«Han impedido que el país cuente con los recursos necesarios para desarrollar y mantener infraestructura esencial, como hospitales, escuelas, vivienda, transporte, suministro de electricidad y agua, aviación civil, y para mantener el nivel de preparación necesario de respuesta ante desastres naturales», recalcó.
Por igual, señaló que tales medidas han provocado «la reducción de programas de asistencia social e impedido la implementación de proyectos académicos, culturales, deportivos y de desarrollo, afectando así el derecho a una vida digna, así como el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes».
En cuanto a la Salud, explicó que, aunque técnicamente los medicamentos y dispositivos médicos no están sujetos a sanciones, el acceso a ellos se ve gravemente afectado, debido a la prohibición de adquirir productos con más del 10 % de componentes estadounidenses, lo que ha resultado en la inaccesibilidad generalizada del 69 % de los medicamentos para los cubanos.
Asimismo, destacó que, debido a la imposibilidad de obtener reactivos, materias primas y equipos que cumplan con los estándares internacionales de control de calidad, se ha producido un «debilitamiento del desarrollo de medicamentos y vacunas de producción nacional».
En respuesta a Granma, respecto al impacto del bloqueo en el Sistema Eléctrico Nacional, se refirió a que es evidente que las afectaciones se deben a la insuficiencia de combustible y al impedimento de adquirir piezas de repuesto o maquinaria nueva.
La Relatora constató que la seguridad alimentaria «se ve gravemente afectada por la escasez de combustible y la limitada posibilidad de importar alimentos, semillas, fertilizantes y vacunas para el ganado». Argumentó que la generación eléctrica «para la producción y cosecha de alimentos es tan necesaria como para la conservación».
Finalmente, instó a Estados Unidos a cesar esa política unilateral «sin base jurídica internacional», incluidas las sanciones secundarias y el «exceso de su cumplimiento». También llamó a los «Estados y organizaciones internacionales a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la actividad de los bancos y demás empresas bajo su jurisdicción y control, no afecten los derechos humanos de los cubanos, incluso extraterritorialmente».
La presentación del informe final será en septiembre de 2026, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (Elizabeth Naranjo)( Alina Perera Robbio)