En representación de varios vecinos que hoy padecen los perjuicios que provocó el rellenado de un desagüe en el reparto Sakenaf, de Santa Clara, publicamos el pasado 12 de septiembre el mensaje remitido por Maira Galindo Meneses, en el cual ofrecía el relato cronológico de las acciones constructivas allí ejecutadas y de las consecuencias negativas que ello generó en la comunidad. Para dar seguimiento a la solicitud de solución, la Delegación provincial de Recursos Hidráulicos envió su respuesta esta semana, en la que aclara que:
«La ubicación de las nuevas viviendas no afecta el drenaje, pero sí existe en el lugar un nivel de deterioro debido a la construcción y la urbanización existente. Después de analizar el informe técnico de microlocalización y los planos de las viviendas por Planificación Física, se constató que la inversión fue aprobada bajo las siguientes condiciones: 1. se admitió una sola línea de viviendas, pues existe un colector de residuales que está colapsado y no admite agregar más usuarios, por lo que se indicó proyectar y construir un sistema de tratamiento de residuales para dicha parcela; y 2. en la solución del proyecto se orientó tomar en cuenta el drenaje pluvial, de acuerdo al nivel del piso terminado de las viviendas y el de las urbanizaciones.
«Nuestra entidad conoce la situación que existe allí y su solución, a más largo plazo, incluye un drenaje pluvial para toda la zona».
De propietarios ultrajados, pero por razones que indignan ante el dolor ajeno y que preferimos no imaginar en la piel propia —los demonios internos llegan a espantarnos—, trata la segunda carta que hoy divulgamos. Antes aclaro que la imagen del anciano lloroso que la llevó hasta Vanguardia, débil y prácticamente incapacitado para caminar y hablar, ha sido una de esas experiencias profesionales y humanas que llegan a atropellar la fe en el mejoramiento humano. Estas son las palabras de Francisca Ramírez Gómez, residente en la calle San Pablo nro. 74, entre Zayas y Esquerra, en Santa Clara:
«Hoy me pronuncio en nombre de mi hermano, Leonardo Segundo Ramírez Gómez, quien está imposibilitado de escribirles y expresar todo lo acontecido tras haber sufrido un infarto cerebral cardioembólico que, incluso, lo obligó a jubilarse. Resulta que, desde el año 2014, el apartamento que fue propiedad de su hijo y que, después de que este abandonara el país, le pertenece a Leonardo, fue ocupado ilegalmente por Yudelkis Vázquez González, que tiene lugar de origen en el propio edificio, no considerándose este acto ante la ley como un hecho a encauzar mediante los tribunales. Resulta que, en Cuba, la ocupación de propiedad privada no es un delito. De inmediato nos dirigimos a la dirección de Vivienda en Santa Clara (que emitió Resolución para la extracción), al PCC municipal y provincial, a la Fiscalía, y después de todos estos años nos continúan diciendo que únicamente la Comisión de Enfrentamiento de la Asamblea Municipal del Poder Popular puede resolver la extracción de esa ciudadana, quien no tiene idea de cuánto sacrificio de mi hermano y su hijo hay detrás de ese inmueble.
«Exigimos una solución inmediata por lo dilatado y angustioso del proceso, que le ha costado la salud a un hombre bueno, ya que no quiero pensar que en un país con leyes no se nos haga justicia».
En una semana circularemos nuevamente. Ni Leonardo, ni Francisca ni este espacio tienen paciencia para más.