El tema robo de combustible, un asunto pendiente en Cuba, retorna a nuestra página de comentarios ante la necesidad de eliminar de una vez las sustracciones del preciado recurso, cuyo tópico fuera abordado con fuerza y de manera crítica, por la máxima dirección del país en las recientes reuniones de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Villa Clara no está exenta a este fenómeno, a pesar de las pesquisas a la red de servicentros y a entidades estatales que de manera sistemática realizan los inspectores de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), y las disposiciones adoptadas en el 2018 por el Consejo de Ministros, a fin de enfrentar esta problemática.
Sobre las medidas contra quienes incurren en el hurto y uso indebido del combustible, autoridades de la Fiscalía Provincial en su comparecencia al programa En línea con la ley, de Telecubanacán, precisaron que son severas, con un enfrentamiento resuelto a todos los delitos asociados a este fenómeno para erradicar este mal extendido a todo el país.
El tópico cobra mayor importancia si tenemos en cuenta que el combustible –importado en su mayoría y con dificultades para adquirirlo en el mercado externo ante el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba- resulta vital para el desarrollo económico y social de la isla.
Ante ciertos desfalcos en algunas entidades, el desempeño de la Fiscalía Provincial -amparada por la Resolución 15 del 2019, que regula la actuación de esa instancia en torno al tema- tiene por objetivo eliminar definitivamente las sustracciones del denominado oro negro.
Delitos de esta índole han sido identificados en Villa Clara, y la cadena de autores y receptores se encuentra a disposición de la justicia.
La severidad en las sanciones –como expresaron los representantes de la Fiscalía Provincial- pudiera conllevar a la confiscación de todos los bienes utilizados para la comisión del delito o los obtenidos del dinero mal habido.
Entre las entidades que incurrieron el año pasado en estos desmanes se encuentran las empresas de Ferrocarriles del Centro y Acueducto y Alcantarillado.
Está claro que el descontrol conduce al desvío de combustible y a su venta con fines lucrativos en el mercado negro, pues como dice el refranero popular, a río revuelto, ganancia de pescadores.
El Código Penal establece sanciones que van desde tres meses, un año y hasta ocho años de privación de libertad –en dependencia de la gravedad del delito-, así como otras sanciones accesorias asociadas al decomiso del transporte empleado en el traslado del combustible y las viviendas utilizadas como almacén o para su trasiego.
Romper el círculo vicioso como consecuencia de la impunidad resulta una urgencia a resolver a corto plazo, para acabar con un mal que socava la economía cubana.