La intensa actividad legislativa derivada de la Constitución, que entró en vigor el pasado 10 de abril, supone un desafío para el sector jurídico del país, no solo por el volumen de normas que deberán promulgarse, sino por los plazos establecidos para ello, a los cuales, invariablemente, es preciso ajustarse.
Sobre la marcha de ese cronograma que da cumplimiento a las Disposiciones Transitorias de la nueva Carta Magna, cual suerte de guía legislativa, conocieron, durante dos días de trabajo, los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, quienes coincidieron en que no debe quedar ni un solo artículo del texto constitucional sin una expresión concreta en el ordenamiento del país.
La prioridad de una Ley Electoral
La Ley Electoral, y así lo dispone la nueva Constitución, será la primera norma que se derive de esta, la cual, antes del plazo de seis meses después de su vigencia, deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Hoy estamos en el proceso de revisión de las primeras bases de lo que será el Anteproyecto de esta normativa, explicó Homero Acosta ílvarez, secretario del Consejo de Estado, al tiempo que resaltó la importancia de esta Ley, desde el punto de vista político. «Hay una voluntad para que su elaboración transcurra de la manera más rápida y con calidad ».
Informó que con anterioridad el Consejo de Estado creó un equipo de trabajo, integrado por varios organismos e instituciones, que coordina todas las normas resultantes de las disposiciones transitorias y, periódicamente, se chequea el avance. Y cada norma tiene un cronograma, incluidas las fechas en que deben presentarse las políticas que acompañarán la expresión jurídica.
De acuerdo con lo planificado, dijo, hoy se están terminando las políticas que se presentarán, próximamente, a la dirección del país, y después, en un término breve, debe concluirse todo lo referido a la Ley Electoral, la cual llevará, como todas las normas, el análisis y consenso de los diputados.
Recordemos que como expresó el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido, durante la proclamación de la nueva Carta Magna: «Entre las tareas inmediatas que por mandato constitucional debemos acometer está la aprobación de una nueva Ley Electoral, en cuyo proyecto se trabaja, con el propósito de presentarla a la aprobación de esta Asamblea en su próxima sesión ordinaria.
«Una vez en vigor la Ley Electoral, ha de elegirse por el Parlamento el Consejo Electoral Nacional y, de conformidad con la Segunda Disposición Transitoria de la Constitución, antes de los tres meses siguientes, la propia Asamblea elegirá a su Presidente, Vicepresidente y Secretario, a los demás miembros del Consejo de Estado, y al Presidente y Vicepresidente de la República.
«Igualmente, ya elegido, el Presidente de la República, antes de los tres meses, presentará a la aprobación de la Asamblea Nacional el nuevo Gobierno, es decir, este Parlamento designará al Primer Ministro, a los Viceprimeros Ministros, al Secretario y demás miembros del Consejo de Ministros.
«Trabajaremos para que todas estas acciones se materialicen antes de concluir el presente año ».
Es por ello que el grupo encargado de esta norma, integrado por 16 compañeros, entre los cuales figuran diputados, miembros de la Comisión Electoral Nacional (CEN), profesores, especialistas de los Ministerios de Justicia, del Interior... laboran intensamente para cumplir con los plazos acordados.
El trabajo va avanzando, subrayó Homero Acosta, pero aún estamos en la etapa inicial, en la definición de cuestiones organizativas y principios generales.
Pero más allá de todas las modificaciones que se introduzcan, enfatizó, «hay preceptos que deben mantenerse invariables en la Ley, como el proceso de nominación por el pueblo, por ejemplo, que define nuestro sistema y su carácter democrático; así como la representación en el Parlamento de todos los sectores de la sociedad, de los delegados de base, porque eso significa participación ».
Por su parte, Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la CEN, llamó la atención sobre el reto que entraña la creación de los consejos electorales y la determinación de sus funciones.
«Se labora también en los principios del voto, en el control de los procesos electorales para garantizar su validez y transparencia, en los pasos para la conformación de la ANPP, así como en el fortalecimiento de todo lo relacionado con la ética electoral ».
Brújula legislativa
La décima Disposición Transitoria define la obligación del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP) de presentar a la ANPP, en el término de 18 meses de entrada en vigor la Constitución, el Proyecto de nueva Ley de Tribunales Populares, ajustado a los cambios que introduce el texto constitucional; así como las propuestas de modificaciones a las Leyes de Procedimiento Penal y Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.
Teniendo en cuenta estos términos, el equipo que coordina el TSP, al decir de su presidente, Rubén Remigio Ferro, está trabajando intensamente, no solo en estas tres normas y sus políticas, sino en el Anteproyecto de Código Penal, en el cual impactan 54 preceptos constitucionales, y en una Ley de Ejecución de Sanciones, con el propósito de eliminar la dispersión legislativa y atemperar lo dispuesto a los Tratados Internacionales suscritos por Cuba.
Además, comentó sobre lo dispuesto, aún en aprobación, para hacer corresponder la Constitución y algunas disposiciones que hoy la contradicen, hasta tanto se promulguen las nuevas leyes.
Mencionó, especialmente, lo referido a los artículos 59 y 98, los cuales aluden a cuestiones vinculadas con la confiscación de bienes; así como el derecho de las personas a reparación o indemnización ante un daño o perjuicio causado por directivos, funcionarios y empleados del Estado.
De igual modo, Oscar M. Silvera Martínez, ministro de Justicia, abundó en el trabajo de coordinación de este organismo en torno a algunas leyes prioritarias.
Sobre el Código de Familia, añadió, ya está elaborada la primera versión de política y se pretende, en septiembre próximo, presentar el Anteproyecto ante las autoridades competentes. Y aludió, además, a la redacción de una Ley de Protección de Datos Personales, asunto que no tiene antecedentes jurídicos en Cuba.
Silvera Martínez también hizo hincapié en el diseño del programa legislativo del país, con sus prioridades, el cual incluye tres líneas fundamentales: la actualización de todo el ordenamiento derivado de la Constitución, el cumplimiento e implementación de los Lineamientos, así como las normas y disposiciones que deben promulgarse por los organismos y que no se corresponde con las dos estrategias anteriores.
Y en consonancia con lo establecido en las disposiciones transitorias, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, insistió en la elaboración de los Reglamentos de los Consejos de Estado y de Ministros, la ANPP, así como de otras estructuras de gobierno.
Trascendió, además, la voluntad de integrar a este programa legislativo, los resultados de diversas investigaciones llevadas a cabo por el sector jurídico.
Apuntes sobre los proyectos de leyes de Símbolos y Pesca
Durante estas sesiones de trabajo les fueron presentados a los diputados los resultados de los debates acontecidos en los territorios, en torno a los proyectos de leyes de Símbolos Nacionales y de Pesca.
Entre las propuestas más significativas, relacionadas con la Ley de Símbolos, destaca la introducción de dos títulos: uno referido a la responsabilidad del Estado y las familias con la educación en el cuidado y respeto de los símbolos; y otro que contenga, de manera independiente, los aspectos vinculados con el Sello de la República.
Respecto al proyecto de Ley de Pesca, sobresalió la necesidad de realizar un nuevo recorrido por los asentamientos pesqueros para analizar, exhaustivamente, la situación socioeconómica de los pobladores.
También se consideró que el proyecto omite aspectos contenidos en el Reglamento vigente, lo cual genera dudas, por lo que se requiere de una nueva evaluación.
En opinión de Toledo Santander, ambos equipos redactores deberán incorporar los cambios sugeridos tras los debates y conformar nuevos proyectos, los cuales serán presentados con posterioridad al Parlamento para su aprobación.