Hay temas con más espinas que una guanábana. Asuntos que dejan un sabor agridulce al tratarlos; pero que son necesarios abordarlos en nuestra prensa dadas su importancia y repercusión social.
El que nos ocupa ha nutrido páginas de Vanguardia en reiteradas ocasiones y ha llenado ríos de tinta en medios de prensa nacionales, así como en espacios informativos audiovisuales del territorio; siempre, bajo la lupa del análisis crítico.
Se trata de las áreas comunes llamadas candongas, en particular, las de Santa Clara, y de manera más específica, Las Flores y Los Framboyanes, aledañas a la zona hospitalaria de la capital provincial y reabiertas el pasado jueves 3 de septiembre.
Todavía el pueblo recuerda la última saga, que solo dejó de tener preeminencia mediática cuando, de golpe y porrazo, nos llegó la terrible COVID-19. Ante la situación epidemiológica generada, las candongas fueron cerradas.
Por entonces, la polémica giraba en torno a la reventa en ellas y ante los ojos de todos de productos de primera necesidad, a precios exorbitantes y en detrimento del bolsillo de los trabajadores. Incluidos medicamentos deficitarios, algo que siempre provocó el rechazo unánime de la población.
Tras la reapertura, la situación es parecida, y aunque otro sea el contexto, el principio sigue inalterable: no se trata de satanizar ni de rechazar el trabajo por cuenta propia, reconocido constitucionalmente, sino de «ordenar con disciplina y apego a la ley », tal y como expresara este redactor en un reportaje publicado en Vanguardia (edición impresa) el sábado 14 de marzo.
La pandemia ha marcado el país de modo que la mirada al asunto ha de corresponderse con las complejas circunstancias en que vivimos. Respecto a las condiciones higiénico-sanitarias en la venta de alimentos, han de extremarse las medidas y hacer cumplir los estrictos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, pues cualquier descuido pudiera condicionar un rebrote del nuevo coronavirus.
En ambas áreas comunes resulta obligatorio el uso del nasobuco e imprescindible, además, mantener el distanciamiento físico, pues sabemos el riesgo que se corre al violarlo. Nos sobran experiencias negativas en estos seis meses de lucha contra la enfermedad.
Ante las estrecheces económicas que padecemos, se suma la lucha a muerte contra los acaparadores y revendedores, una operación popular de amplio alcance que desde hace dos meses, bajo la dirección del Partido y el Gobierno, no excluye esos espacios públicos comunes, donde no se puede permitir que ante los ojos ciudadanos se lucre a costa de carencias.
Para la reapertura de ambas candongas, las autoridades competentes elaboraron un reglamento, definieron instituciones responsables y administraciones, y crearon grupos multidisciplinarios permanentes, con representantes del Ministerio del Trabajo, rector de la actividad, e inspectores de la Dirección de Inspección y Supervisión (DIS). A cada trabajador por cuenta propia se le elaboró un contrato nuevo, esclareciéndose el alcance de su actividad, en correspondencia con el tipo de patente que ejercen.
También se les exigió cumplir con el distanciamiento físico, por lo que solo operan cada día con el 50 % de sus concurrentes, en aras de evitar el hacinamiento que ha caracterizado dichos lugares. En realidad todo ello se hizo, pudiéndose tal vez hacer mucho más.
Pero los 15 días transcurridos no han probado que las cosas hayan cambiado sustancialmente, o, al menos, a nivel de lo que se aspira y el pueblo exige. La reventa de productos deficitarios de primera necesidad continúa, como especie de enfermedad crónica, pues, como suscribí en Vanguardia hace dos años, ambas candongas nacieron torcidas.
Algo que ha sido objeto reiterado de denuncias son los llamados buquenques, personajes que ofrecen tener de todo y actúan a espaldas de la ley, afectando incluso a los trabajadores por cuenta propia, quienes ejercen su actividad con la patente correspondiente.
Sería una lástima que la legalidad no brille en esos lugares, pues el servicio que brindan es reconocido por la población, fuente de empleo para decenas de coterráneos y, por tanto, sustento económico de su familia.
Existen las condiciones para perfeccionar su funcionamiento, tal y como se ha ido logrando en otras de la ciudad y la propia provincia. Eso sí, hay que asegurar que se ajusten a los tiempos en que vivimos, y se erijan en verdaderos vehículos de solución de problemas y de carencias que el pueblo padece, y no en meros espacios para el enriquecimiento y lucro de unos pocos.