Otra mirada a las ocupaciones ilegales en Santa Clara

Aunque queda muchí­simo por hacer, entre los meses de julio y septiembre, la Comisión de Enfrentamiento continuó trabajando en casos de ocupaciones ilegales de viviendas e inmuebles estatales, y no se han presentado nuevas denuncias en dicho lapso.

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Casa de Santa Clara que fue ocupada ilegalmente en dos ocasiones.
En menos de un año, esta vivienda fue ilegalmente ocupada en dos ocasiones. (Foto: Mónica Sardiña Molina)
Mónica Sardiña Molina
Mónica Sardiña Molina
@monicasm97
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18 Septiembre 2022

Después de dos usurpaciones ilegales en menos de un año, Mercedes Inés Véliz Sánchez recuperó la casa de su hija. Armada con todas las herramientas que le aportó la carrera de Psicologí­a, ágil y certera sobre el qué, cómo y dónde de cada trámite, y respaldada por la Comisión de Enfrentamiento de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara para resolver este tipo de casos, hoy puede contar la historia en pasado.

«La primera ocupación se produjo el 3 de julio de 2021. El dí­a 4, los vecinos me avisaron que habí­a unas personas aquí­, muy sigilosas, como si no quisieran ser vistas, y no parecí­an tener ningún ví­nculo conmigo. En el peor momento de la pandemia de la COVID-19, pedí­ un permiso para salir de Sagua la Grande, donde vivo con mi esposo, y nos presentamos aquí­ alrededor de la 1:00 de la tarde.

«Llamamos a la puerta, cuyo llaví­n ya no estaba, y nos abrió la señora que habí­a entrado la noche anterior con una niña pequeña, al parecer, con la ayuda de alguien que se coló por un espacio donde antes hubo un aire acondicionado. Le explicamos que mi hija era la propietaria de la vivienda y yo su representante legal en Cuba, porque ella vive hace años en Nicaragua, con permiso de residencia en el exterior. Le pedimos que abandonara el inmueble, puesto que estaba cometiendo un delito.

«Aunque fue una situación muy estresante, la resolvimos de manera sencilla. Salió sin hacer mayor resistencia, ni siquiera tuvimos que realizar la denuncia y no faltaba nada entre las pocas cosas que tení­a la casa. La segunda ocasión sí­ resultó una odisea », recuerda Mercedes.

«Señora, la llamo porque dos mujeres extrañas le ocuparon la casa. Venga rápido para Santa Clara », le dijo una voz desconocida a través del teléfono, el 1. º de junio de 2022. Temí­a que se tratara de una broma de mal gusto, pues la llamada no provení­a de ninguno de los vecinos a quienes habí­a dejado su número para que la contactaran en caso de emergencia. Sin embargo, la posibilidad de que fuera verdad la asustó más.

Se presentó, primero, en la policí­a. Aunque le tomaron la declaración, le comunicaron que no podí­an intervenir en un caso de ocupación ilegal. Irónicamente, fue una de las ocupantes quien le dijo lo que debí­a hacer.

«Llegamos de noche y la esquina estaba llena de gente, pero no se sabí­a quién apoyaba a quién, porque muchos vecinos, lejos de combatir esta situación, la alentaron. Como se negaron a abrirme la puerta, a través de la ventana, les di la misma explicación que en la ocasión anterior y les pedí­ que se fueran de inmediato.

«Habí­a varios niños en la casa y una de las mujeres, mientras hablaba por un celular, me decí­a: “Usted tiene que venir con la propietaria, con la propiedad y con un funcionario de la Vivienda para que yo le entregue la casa”. Parecí­a que alguien le daba instrucciones o conocí­a muy bien el procedimiento ».

El 2 de junio, llegó a la Dirección Municipal de Vivienda con todos los documentos; mas, ese dí­a no encontró solución a su caso. «El director se vio muy interesado en ayudar, pero hay un mecanismo legal macabro que traba la buena disposición », comenta Mercedes.

Mientras avanzaba el proceso administrativo, recurrió a la oficina de Atención a la Población de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara, escribió a la Presidencia, la Fiscalí­a General de la República y el Ministerio de Justicia, y contactó al primer secretario del Partido en la provincia.

Finalmente, llegó la declaración de ocupantes ilegales, con un error que tuvo que subsanar. La espera continuó, hasta que el 1. º de agosto la llamaron para comunicarle que le entregarí­an la vivienda a las 10:00 a. m. del dí­a siguiente.

«Cuando llegué, una se habí­a ido, pero la otra se negaba: “Yo no me voy, porque si salgo de aquí­, no me dan una casa”, me dijo. ¿Qué ejemplo estaba dando a su propio niño? ¿Qué culpa tengo yo de su situación? ¿Cómo va a aspirar a una casa como esta, violando la propiedad y los derechos de otras personas? ¿Por qué el Estado tiene que darles viviendas a mujeres que no se planifican para tener hijos, cuyos padres irresponsables no se ocupan? ». Mercedes no es la única que formula preguntas retóricas.

Después de mucho batallar, un intento de escándalo polí­tico en redes sociales y los muchos curiosos que la pusieron como victimaria, recuperó el inmueble, e hizo frente a la destrucción y numerosas pérdidas que registró en una denuncia de robo con fuerza.

Las secuelas fí­sicas y psicológicas no se hicieron esperar: «Sufrí­ una descompensación de la tensión arterial y la diabetes, y vivo con gran estrés, sobresaltada. Desde ese dí­a, me pregunto por qué no puedo estar tranquila, como en otros lugares de mi paí­s donde no ocurren hechos como este, que no dejan trabajar ni vivir en paz a quien tenga una casa cerrada en Santa Clara.

«A pesar de todo, estoy satisfecha, porque este ha sido uno de los casos más acelerados. Sabí­a que la policí­a vení­a sistemáticamente para hacer labor preventiva, que la Comisión de Enfrentamiento estaba trabajando y que el primer secretario del Partido en la provincia, Osnay Miguel Colina Rodrí­guez, chequeaba cada lunes los avances. A él agradezco toda la atención y la paciencia que me dedicó. La demora está en la declaración de ocupante ilegal y la extracción en las 72 horas que establece la ley », concluyó.

Continúa el enfrentamiento

Según Eduardo Andrés Román Duarte, intendente de Santa Clara, y Luis Pí­rez Llamosa, director municipal de Vivienda, el mayor resultado del enfrentamiento a las ocupaciones ilegales de inmuebles en la capital provincial consiste en que, desde el mes de julio, no se han presentado nuevas denuncias por parte de entidades estatales ni de personas naturales.

«Aunque se han producido intentos, no han pasado de ahí­, debido al trabajo de la Comisión de Enfrentamiento, la acción de la propia población, sensibilizada con el tema, y el reforzamiento de la seguridad en los inmuebles estatales », expuso Román Duarte.

De acuerdo con Antonio Arteaga íguila, viceintendente que atiende Construcción y Vivienda en Santa Clara, cuatro personas que ocupaban locales estatales fueron sometidas a un proceso penal y ya abandonaron los espacios de manera voluntaria. Actualmente, se preparan otros cuatro expedientes, y se continuará trabajando en los casos anteriores.

Pí­rez Llamosa acotó que a una de las personas ocupantes, se le habí­a otorgado una vivienda en el 2019. La vendió, compró otra en mal estado y luego ocupó un local alegando necesidades habitacionales. Este resultó el argumento más fuerte utilizado por la Comisión para instarla a salir.

En el caso de las viviendas, de julio a la fecha, fueron devueltas siete, para un total de 22 en lo que va de año. De igual manera, se trabaja en los expedientes de otros sujetos que ya fueron declaradas ocupantes ilegales.

«Todos los que salieron de los inmuebles estatales y particulares regresaron a su lugar de origen. En sus consejos populares, serán evaluadas y atendidas sus necesidades, según la prioridad que merezcan; pero nunca desde una posición de fuerza », ratificó el intendente.

¿Vulnerables?

Escuchar los argumentos que esgrimen quienes incurren en usurpaciones obliga a repensar el concepto de vulnerabilidad, sobre todo, asociado a las madres de múltiple descendencia. Permanecen intactos los principios de humanismo y justicia social del Estado cubano, pero ello no justifica enfoques asistencialistas.

Durante su intervención en la Mesa Redonda del pasado 30 de agosto, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, recalcó que el trabajo social no tiene como objetivo intervenir, sino transformar.

«Nadie es vulnerable per se. Ha habido una interpretación y un total desví­o de la polí­tica que se aprobó. Tener tres o más hijos no es una enfermedad, ni una condición de discapacidad. Lo primero es que los padres los atiendan. Esos niños tienen que ir para el seminternado o para el cí­rculo, esa mujer tiene que trabajar, y si tiene una situación social crí­tica, entonces, el Estado la protege, que no es comprarle una casa; a lo mejor hay que reparar el techo o ampliar la vivienda », comentó.

Sobre la Asistencia Social, añadió: «El Estado destina seis mil millones de pesos a la entrega de recursos. Lo vamos a seguir haciendo, pero lo fundamental es que esa familia vaya evolucionando y saliendo de la condición de vulnerabilidad ».

Al respecto, Raisa Puerto Rodrí­guez, directora provincial de Trabajo y Seguridad Social, afirma que dicha ayuda constituye un complemento; sin embargo, la principal ví­a de solución resulta el empleo o el estudio. No obstante, existe un sistema de prevención social que llega hasta los consejos populares y evalúa las problemáticas, no solo de las madres con más de tres hijos, sino de las familias en su conjunto.

En Villa Clara, más de 15 800 núcleos reciben prestaciones monetarias y de servicios, y pasan de 8500 los beneficiados con recursos, de acuerdo con íngel Enrique Estrada Bení­tez, jefe del departamento de Asistencia Social en la provincia.

Al mismo tiempo, en las 38 comunidades que se encuentran en proceso de transformación, se desarrollan acciones para potenciar la incorporación al estudio y el empleo, ampliar las capacidades en los cí­rculos infantiles, mejorar la infraestructura territorial e incrementar las actividades deportivas, recreativas y de participación popular, entre otras.

Dentro del programa de Atención a la Dinámica Demográfica, desde el año 2019 se trabaja para beneficiar a las madres de tres o más hijos con necesidades habitacionales. Según un informe presentado por la Dirección Provincial de Vivienda, al cierre de agosto, 385 casos han sido resueltos: 58 a través de subsidios, 78 por la ví­a estatal, tres por esfuerzo propio, uno por asignación del fondo habitacional, uno como rehabilitación estatal y 244 mediante la compra de casas. Otros cientos continúan en ejecución.

Asimismo, 937 madres de múltiple descendencia han recibido recursos, como camas, colchones, ropa, calzado y refrigeradores, refirió Estrada Bení­tez.

Queda muchí­simo por hacer en cuanto a la identificación de prioridades, la búsqueda de soluciones libres de tropiezos burocráticos y la distribución justa de los recursos, siempre escasos; pero nada justifica la irrupción violenta en inmuebles ajenos como mecanismo de presión.

En medio de la actualización legislativa que realiza Cuba, acorde con la Constitución de 2019, el itinerario señala una nueva Ley de la Vivienda, que refuerce la protección a los propietarios, cierre el paso al delito y contribuya a prevenir experiencias tan amargas.

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