La protección al consumidor: una batalla por ganar

También se desarrollará un proceso de fortalecimiento de principios éticos y morales entre los trabajadores del Comercio Interior.

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Seminario del Mincin
Al seminario de capacitación asistieron directivos del Comercio, la Gastronomía y los Servicios de los establecimientos más importantes de Villa Clara. (Foto: Narciso Fernández Ramírez)
Narciso Fernández Ramí­rez
Narciso Fernández Ramí­rez
@narfernandez
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24 Mayo 2018

El próximo 4 de junio entrará en vigor la instrumentación de la Resolución 54 del Comercio Interior que norma lo concerniente a la protección al consumidor, una aspiración no cumplida a lo largo de estos años y causante de no pocas de la dificultades que padece nuestra sociedad.

Firmada por la Ministra de Comercio Interior Mary Blanca Ortega Barredo y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el 4 de mayo del presente año, la norma jurí­dica establece los principios, derechos y deberes del consumidor y otras obligaciones de los proveedores de servicios y productos.

Como aspecto sustantivo involucra a personas naturales y jurí­dicas de la actividad del comercio, relacionadas con la venta de mercancí­as, gastronomí­a, servicios técnicos, personales y alojamiento.

La instrumentación de la resolución parte de una realidad donde predomina la violación e incumplimiento de los principios que definen una buena atención y protección a los consumidores; en nuestro caso, al pueblo trabajador, y está en consonancia con la voluntad del paí­s de enfrentar la problemática actual de la desprotección existente.

En seminario capacitador realizado en la Asamblea Provincial del Poder Popular con la presencia de los principales directivos del Comercio Interior en Villa Clara y entidades afines, se proyectó un video donde Yalina Garbey Rivero, directora de Protección al Consumidor del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), partió de reconocer las principales violaciones que se cometen a lo largo del paí­s y mencionó no pocas de ellas.

Entre las más recurrentes, sin ser la únicas, la directiva del MINCIN incluyó: alteraciones de precios; violaciones en los horarios de apertura y cierre; alteraciones en el pesaje; instrumentos de medición no certificados; carencia de moneda fraccionaria para el vuelto; venta de productos vencidos o con afectaciones sin rebaja de precios; no entrega del comprobante o vale de venta; introducción u ocultamiento de mercancí­a; venta al por mayor de productos deficitarios a revendedores e incumplimiento de las normas de higiene en unidades gastronómicas.

La ministra Mary Blanca Ortega insistió en el propio video demostrativo que ningún hecho violatorio de los derechos del consumidor podí­a quedar impune. De igual manera, la titular del MINCIN manifestó su confianza de aplicar acciones efectivas que aseguren cumplir la pragmática y que no se convierta en un documento legal más, como ha sucedido en otras ocasiones.

Seminario del Mincin
El administrador de la pizzerí­a La Toscana expuso ejemplos de buenas prácticas de atención al consumidor en su establecimiento, por 15 años Vanguardia Nacional. (Foto: Narciso Fernández Ramí­rez)

En el debate intervinieron varios directivos del Comercio y la Gastronomí­a del territorio con ejemplos de buenas y no tan buenas prácticas en el socorrido tema. El director provincial de la Dirección Integral Supervisión, Reinaldo Oms Pairol, explicó la cantidad de multas que cada dí­a se imponen por violar los derechos de los consumidores.

René Bacallao Figueroa, miembro del Buró Provincial del Partido, y Bárbaro Monteagudo Fernández, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, llamaron a exigir el cumplimiento de unos derechos definidos por leyes desde hace bastante tiempo, pero violados de manera consuetudinaria ante la vista de todos y la impotencia de muchos.

De manera simultánea, el MINCIN, de conjunto con el Sindicato de Trabajadores de Comercio, Gastronomí­a y los Servicios, llevará adelante un proceso polí­tico con los trabajadores del sector para fortalecer los principios éticos y enfrentar las manifestaciones de ilegalidades, indisciplinas y corrupción que se manifiestan en las diferentes instancias; en particular, en los centros de trabajo.

Un proceso con cada trabajador que, de igual manera, incluirá a los que ejercen las formas no estatales de gestión.

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