Ningún eslabón en la larga cadena de la COVID-19 puede quedar suelto, por lo que las instituciones de la provincia de Villa Clara tienen que cerrar filas para que no registren casos positivos en sus respectivos colectivos.
Ello fue ratificado durante la sesión del Grupo Científico para la toma de decisiones en torno al virus por parte del Consejo de Defensa Provincial (CDP), que examina el comportamiento de los estimados cada semana.
La Dra. María del Carmen Velasco Gómez, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Villa Clara, fundamentó que los resultados de estos modelos han tenido una tendencia similar a la realidad dentro de un panorama sanitario complejo.
En las últimas jornadas Santa Clara disminuye, paulatinamente, la incidencia de casos, hecho que no debe conducir al descuido; sin embargo, Manicaragua, Caibarién, Placetas y Encrucijada tienden al incremento, lo que sirve de alerta para el seguimiento y vigilancia en estos municipios.
Yudí Rodríguez Hernández, presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP), dijo: «Hay que ver qué está pasando», al tiempo que llamó la atención a las administraciones que aún no han entendido lo legislado para los obreros residentes en otros territorios que laboran en Santa Clara porque los protocolos no se están aplicando de manera correcta y se evidencian violaciones.
«Los jefes —precisó— tienen que cuidar a sus trabajadores y laborar solo con los indispensables».
Según prevén los modelos, la meseta en Villa Clara ocurrirá a inicios de marzo, y hasta el 28 de febrero se espera que la cifra de casos acumulados durante este rebrote sea de 1520 a 1540 pacientes, pero se ofreció la buena nueva de que no existirán condiciones biometeorológicas peligrosas para la salud humana durante ese período.
Puntos a tener en cuenta serán la compatibilización de conceptos en la base de datos de los pacientes activos (ingresados enfermos), elemento valioso que incide en la asistencia médica.
Otro detalle recae sobre las pesquisas, que no acaban de ser óptimas, sobre todo si la responsabilidad ciudadana flaquea en múltiples ocasiones al enmascaran los síntomas u ocultar la totalidad de los contactos.
De interés resultó el macroproyecto presentado por las doctoras Belkis Ana Cruz Caballero, Ismaray Contreras Cobas, y Lis Pupo Ruiz, del policlínico docente Marta Abreu, apoyado por la Universidad Médica y la dirección de Salud en la capital provincial. Esta investigación, al parecer, no tiene antecedentes en el país y pudiera generalizarse en otras áreas del territorio.
El estudio aborda el enfrentamiento al estrés laboral luego del evento ocurrido hace meses en el poligráfico Enrique Nuñez Rodríguez, así como las secuelas pos-COVID-19, y la valoración integral de los trabajadores desde la atención primaria.
En otro orden abarca el enfoque multidisciplinario en la interrelación de los ministerios de Educación y de Salud, la función educativa de la familia en tiempos de suspensiones del período lectivo, sin restar las experiencias obtenidas en la capacitación a la sucursal EMPRESTUR, que incluyó a quienes laboran en su plantilla en otras provincias y son villaclareños, con vistas a la prevención de la enfermedad.
Tópico incluido fue el impacto de la pandemia en la salud bucal —estudio a 32 pacientes— y las afectaciones comunes con la ausencia o pérdida casi completa del sentido del gusto (ageusia), la sensibilidad disminuida para el paladar (hipogeusia), y la existencia de un trastorno conocido como disgeusia, que se manifiesta por un mal sabor persistente en la boca.
Cada detalle fue valorado por equipos multidisciplinarios, consultas diferenciadas, la realización de exámenes pertinentes y terapias alternativas como el empleo de la zeolita, la homeopatía y la apiterapia, entre otras.