La Habana,28 oct (ACN). Cuba contará con una nueva Ley de los Tribunales de Justicia a partir del 1ro de enero de 2022 tras ser aprobado hoy en esta capital el proyecto de la normativa que persigue atemperar el funcionamiento de estos órganos de justicia a los preceptos constitucionales y el nuevo contexto económico y social del país.
Durante el VII periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), dijo al presentar el proyecto que como parte de su elaboración se realizaron consultas de las que emanaron 107 propuestas de modificación o incorporación, lo cual hace de este texto el resultado de un proceso colectivo, plural y realizado desde la base.
Entre los preceptos en los que se fundamenta se encuentra la concepción constitucional del TSP como máximo órgano judicial cubano, los documentos aprobados en el 8.o Congreso del Partido Comunista de Cuba, más de una treintena de tratados de los cuales Cuba es parte, alrededor de un centenar de investigaciones y artículos científicos desarrollados en los últimos años, así como 47 normativas existentes que tienen relación con el tema.
Entre los aspectos más significativos ratificados están que los tribunales tienen la misión de defender el orden social cubano y el carácter independiente de los jueces en sus funciones; se actualizan los principios y garantías de la función judicial entre ellos acceso a la justicia, la tutela judicial y el debido proceso; se resuelve la práctica de que la mayoría de los conflictos se resuelvan en los tribunales municipales y se regula de forma transparente el tránsito de los jueces por los órganos e instancias judiciales,
De igual forma se encarga al Consejo de Gobierno del TSP la elección y revocación de jueces en tribunales municipal y provincial y se regula la participación de los jueces legos para hacerla más pertinente.
Remigio Ferro consideró que esta regulación es un paso decisivo en el perfeccionamiento del sistema judicial y la institucionalidad del país y está en sintonía con la Constitución de la República porque atempera la labor de los tribunales al actual escenario económico y social de la nación.
Añadió que la Ley propiciará una mayor calidad y efectividad en el desempeño de la función de impartir justicia pues los magistrados estarán en mejores condiciones de ejercer sus funciones y acelerar la tramitación de procesos judiciales con más transparencia y cumplimiento oportuno y efectivo de las decisiones para contribuir a la realización plena de los derechos y las obligaciones de las personas naturales y jurídicas.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, en su dictamen sobre esta ley, destacó los importantes cambios que la misma realiza a la organización de los tribunales en el país, en coherencia con los principios que se establecen en la Constitución de la República.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión, al dar lectura al documento resaltó que la norma identifica los principios en que se sustenta la función judicial, siendo de destacar el de imparcialidad y el de obediencia a la ley de los jueces, permitiendo su actuación libre de restricciones, influencia, presión o intromisión alguna.
Agregó que el reconocimiento a los métodos alternos de solución de conflictos y la utilización de fórmulas conciliatorias en su gestión permitirá una aplicación más racional y expedita de la justicia de conformidad con los intereses de las partes.
La nueva estructura que se propone para los tribunales de justicia, afirmó, facilitará un adecuado acceso de las personas a los mismos, un uso más racional de sus recursos humanos y materiales y una mayor calidad y celeridad en la tramitación de los casos.
Asimismo, significó las formas de elección de los jueces y magistrados que establece la ley, su inamovilidad y los procedimientos para ser corregidos disciplinariamente, suspendidos o revocados en sus cargos.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos propuso unas recomendaciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre ellas que los Tribunales Populares, la Fiscalía General de la República, los ministerios del Interior y de Justicia y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos establezcan un sistema de capacitación que permita la debida preparación de sus efectivos en los conocimientos técnicos que exige la aplicación de esta ley.
También sugirió la realización de los estudios y propuestas requeridas que permitan implementar en el país, a la brevedad posible, las condiciones para la aplicación de las técnicas de solución alternativas de conflictos.
La diputada guantanamera Dalia Expósito señaló que la ley se atempera a nuevas realidades y se inscribe en otros pasos que se vienen dando en el país como el reconocimiento del uso de canales digitales para la realización de los procedimientos y la informatización de expedientes y otros documentos.
Durante esta jornada del parlamento cubano se someterán a votación otros tres proyectos relacionados con procesos judiciales.