«El presidente de EE. UU. eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba, una escala peligrosa y sin precedentes. La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE. UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación».
Así escribió en su cuenta en la red social de X el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tras las nuevas amenazas y sanciones impuestas por el gobierno norteamericano a la Mayor de las Antillas.
«Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional», afirmó el mandatario cubano.
Previamente el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, también había calificado en la propia red social de «repudiable pero curioso y ridículo», la imposición de estas nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas por parte de la administración de Estados Unidos contra Cuba.
De igual modo señaló que la reacción de la Casa Blanca se debe al resultado del movimiento Mi firma por la Patria, que concluyó con el respaldo de «seis millones de cubanas y cubanos (81 % de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético».
La respuesta de carácter ilegal y extraterritorial de Washington se trata de una nueva orden ejecutiva que, como la emitida el pasado 29 de enero, tilda a la nación caribeña de constituir una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, lo cual no deja de ser una justificación para arreciar el bloqueo que ha persistido durante más de seis décadas, intentando asfixiar a la población cubana.
Las nuevas medidas que entran en vigor con efecto inmediato, comprenden acciones económicas contra entidades y personas de Cuba y extranjeras o estadounidenses que, a través de sectores clave para el desarrollo del país, como son energía, minería y servicios financieros, posibiliten la entrada de divisas a la Mayor de las Antillas.