A las ocho de la mañana, una fila comienza a crecer frente al mercado La Sirenita, en la esquina de calle 23a, entre 230 y 222a, en el reparto La Coronela, municipio de La Lisa. Unos esperan por arroz; otros, por pollo, croquetas, picadillo o detergente.
No es un establecimiento nuevo. Desde 2024, Ariel González Vega lo tiene arrendado. Allí donde antes se comercializaban uniformes escolares, canastillas y artículos de ferretería, levantó un negocio que, con el paso del tiempo, se convirtió en un punto habitual para los vecinos de la zona. El 13 de agosto dio otro paso: transformó su establecimiento en un mercado de barrio.
La decisión forma parte de una de las medidas impulsadas dentro de las transformaciones económicas y sociales que buscan favorecer la actividad de los actores económicos y, al mismo tiempo, propiciar que determinados productos lleguen a la población a precios más bajos. En este caso, el mecanismo contempla beneficios fiscales para quienes, como Ariel, ya desarrollaban su actividad en inmuebles estatales arrendados y se incorporan a este modelo.
Pero las cifras y las disposiciones tienen en La Coronela un rostro concreto: el de quienes llegan cada mañana con la jaba en la mano y hacen cuentas antes de decidir qué pueden llevarse a casa.
«Prefiero este lugar porque aquí hay productos menos caros, no asequibles –y hago la aclaración porque siguen estando muy por encima del bolsillo de un trabajador estatal o de un jubilado–, pero al menos se resuelve y uno se ahorra unos pesos», cuenta Ramón, un hombre de unos 70 años, mientras asegura la jaba de la compra a una bicicleta que ha tenido tiempos mejores.
Es, quizá, la mejor manera de explicar qué busca un mercado de barrio: encontrar fórmulas que permitan aliviar, aunque sea parcialmente, el peso de las actuales dificultades.
Ariel lo sabe. Por eso asegura que la lógica de su negocio cambió: gana menos por cada producto, pero vende más. Busca lo que sus clientes necesitan al menor costo posible y, en ocasiones, incorpora artículos que no están incluidos entre los productos protegidos por el acuerdo con el Gobierno, pero que los vecinos le solicitan porque tenerlos cerca también cuenta.
Con el tiempo, dice, el establecimiento ha dejado de ser solamente su negocio. «¿Problemas? Tengo los de todo el mundo. Paso trabajo para adquirir los productos, para resolver el efectivo y no tengo corriente la mayor parte del día en el local. Pero, aun así, creo que brindo un servicio necesario para el barrio, para mi barrio», reconoce.
Ese vínculo se expresa también fuera del mostrador. La Sirenita presta ayuda al comedor del Sistema de Atención a la Familia de la comunidad y facilita el pago de la jubilación a una veintena de personas.
Una red que busca acercar los precios
Lo que ocurre cada mañana en La Coronela forma parte de una experiencia que todavía tiene dimensiones modestas, pero que comienza a extenderse por el país. Actualmente funcionan 37 mercados de barrio en varias provincias: Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Camagüey, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
El proyecto parte de una premisa concreta: aprovechar capacidades comerciales existentes, muchas de ellas cerradas, subutilizadas o con bajos niveles de actividad, para acercar a las comunidades alimentos y productos de aseo considerados de primera necesidad. La meta es que una nomenclatura seleccionada pueda comercializarse a precios minoristas alrededor de un 15 % inferiores a los existentes en otros segmentos del mercado.
Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), explicó a Granma que para conformar esta red se han seleccionado establecimientos de la actual infraestructura comercial, entre bodegas, mercados y carnicerías. La ubicación, las condiciones de los inmuebles, la densidad poblacional y las necesidades de cada territorio figuran entre los criterios considerados.
La diferencia en los precios no queda, por tanto, a expensas únicamente de la voluntad del comerciante. El modelo incorpora incentivos destinados a reducir sus costos de funcionamiento: la exoneración del 10 % correspondiente al impuesto sobre las ventas mayoristas y del 5 % sobre las ventas minoristas, además de la exoneración del pago por el arrendamiento del establecimiento durante un periodo de entre dos y tres años.
Esos beneficios están asociados a una nomenclatura priorizada que incluye arroz, granos, azúcar, aceite, pastas alimenticias, cárnicos, pescado, huevos, lácteos, café, conservas de tomate, jabones, detergente, crema dental y desodorantes. Los establecimientos pueden comercializar otras mercancías, pero estas no quedan comprendidas dentro de los incentivos fiscales establecidos para los productos priorizados.
La intención es que el beneficio llegue también a la forma de comprar. Las ventas se realizan en pesos cubanos y los establecimientos deben garantizar canales electrónicos de pago. También pueden incorporar servicios como mensajería y preempaque de productos.
Para que esa diferencia de precios sea sostenible, sin embargo, hay una condición que resulta decisiva: que los productos estén disponibles.
Abastecer para que el modelo funcione
La estabilidad de las ofertas constituye uno de los principales desafíos identificados por el propio Mincin. Desde la contratación con el actor económico encargado de cada establecimiento deben quedar definidos los mecanismos de reaprovisionamiento y los productos que no deberían faltar diariamente.
La producción nacional de arroz, granos, cárnicos y lácteos, entre otros renglones, constituye una de las fuentes previstas para ese abastecimiento, junto con los mercados de abasto que comenzarán próximamente sus operaciones en varias provincias.
El modelo contempla, además, la participación de las formas de gestión no estatal tanto en el suministro de mercancías como en la administración de los establecimientos, de manera individual o asociada con otros actores económicos. Esa participación no implica transferir la propiedad del inmueble: los locales continúan perteneciendo a la empresa estatal, mientras los medios existentes pueden ser arrendados o vendidos al gestor, según sus características y necesidades.
También se ha previsto aprovechar la experiencia de quienes ya trabajan en esas unidades. Los empleados de los establecimientos seleccionados tienen prioridad para incorporarse al proyecto y, si asumen directamente la gestión, deben constituirse como una forma de gestión no estatal. De no hacerlo, pueden continuar como trabajadores del establecimiento.
La experiencia inicial, no obstante, ya muestra que disponer de un local y establecer incentivos no basta para garantizar el resultado.
Según Portal de Villiers, los mercados que ya funcionan han tenido, en sentido general, aceptación entre la población, pero también han permitido identificar dificultades que deberán corregirse. Entre ellas figuran contratos que no han recogido todos los elementos necesarios para asegurar el funcionamiento del proyecto, establecimientos donde no está disponible la mayoría de los productos previstos, y problemas en la organización de las mercancías dentro de las áreas de venta.
Por eso, la ampliación de la red no responde por ahora a un cronograma único para todo el país. La incorporación de nuevas unidades dependerá de la identificación de establecimientos en los territorios, la licitación y la posterior contratación con los actores económicos que asumirán su gestión.
Más que un punto de venta
El diseño de estos establecimientos incorpora también una dimensión social. El proyecto contempla la venta controlada de determinados productos a grupos diferenciados, entre ellos embarazadas, niños y adultos mayores, mientras que el propio esquema de precios busca ofrecer una alternativa menos costosa frente a otras opciones disponibles.
A la par, los mercados de barrio están sujetos a los controles establecidos para la actividad comercial: formación de precios, pesaje, inocuidad de los alimentos, procedencia de las mercancías y disponibilidad de los medios electrónicos de pago, entre otros aspectos. Las violaciones se someten al régimen de contravenciones vigente.
La apuesta, en esencia, es aprovechar una infraestructura que ya existe para devolverle actividad y convertirla en un punto de abastecimiento más cercano a las comunidades. La prueba de cuánto puede aportar esa fórmula no estará solamente en la cantidad de establecimientos que logren abrir sus puertas, sino en algo más cotidiano: qué encuentran los vecinos cuando entran, cuánto pagan por ello y con qué frecuencia pueden volver a encontrarlo.
En La Coronela, entonces, el mercado de barrio se puede mirar desde dos lugares: desde la política que lo concibe como una herramienta dentro de las transformaciones en marcha y desde la cotidianidad de quienes hacen fila frente a sus puertas.
Entre ambos puntos está el desafío: que una fórmula pensada para reducir costos y acercar determinados productos a la población consiga traducirse, en la práctica, en un alivio que los vecinos puedan sentir. (Susana Antón Rodríguez)( Boris Luis Alonso Pérez)