«No hay empresa exitosa en comunidades deterioradas», sentenció Peter Drucker, el gurú austriaco de la gestión, y su frase nos presenta un tema que se ha ido abriendo paso en el debate contemporáneo: la responsabilidad social empresarial (RSE).
Tratado también como responsabilidad social corporativa entre otras denominaciones, este concepto nació en laseconomías de mercado, ha evolucionado desde una concepción asistencialista y filantrópica hacia la toma de conciencia en la gestión empresarial, y se presenta como complemento de estrategias de desarrollo y mecanismo para la transformación social con inclusión y equidad. Ello implica nuevas maneras de dirigir, producir, consumir, gobernar y participar.
Desde Cuba, estudios del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas definen la RSE como el modo de gestión empresarial que implica el compromiso de generar valor en correspondencia con el desarrollo de prácticas sostenibles, verificables e intencionadas, a favor de la equidad y la justicia social. Se expresa tanto dentro como fuera de la entidad, en las relaciones con empresarios, proveedores, trabajadores, clientes, comunidad, gobiernos, entre otros actores de los territorios, y abarca las dimensiones ética, social, económica, legal, medioambiental y participativa.
Académicos afirman que la RSE debe partir de la concepción del objeto social, misión, visión y valores de la organización; es decir, cómo esta proyecta su contribución al desarrollo de la sociedad, la comunidad y el individuo. Ahí radica la diferencia entre organizaciones que realizan acciones puntuales para ser vistas como socialmente responsables y las que lo son en su esencia.
Los investigadores cubanos también dan cuenta de que la RSE ha estado implícita desde 1959 —a tono con una sociedad socialista que colocó en el centro a la empresa estatal—, que el término no apareció de manera expresa antes de la Constitución de 2019, y que persisten vacíos y dispersiones legales a pesar de que urge establecer nuevas reglas ante la diversidad de formas de propiedad y gestión.
El artículo «La exigencia de responsabilidad social empresarial en Cuba: propuestas para su regulación jurídica» reconoce que varias normas abordan la necesidad de que los actores económicos estatales y no estatales cumplan con la producción, comercialización y prestación de servicios sin desestimar la responsabilidad social que les corresponde. Sin embargo, en la mayoría de los casos no resulta una exigencia, sino un acto voluntario, tal como aparece en los decretos leyes 88 «De las micro, pequeñas y medianas empresas» y 89 «De las cooperativas no agropecuarias», de 2024.
Para ambas formas de gestión, se entiende la RSE como el conjunto de compromisos voluntarios dirigidos esencialmente a los trabajadores y sus familias, la sociedad y el medioambiente. Los textos particularizan en algunas de estas acciones, pero las presentan como «adicionales» al cumplimiento del objeto social.
Así, los autores del artículo mencionado anteriormente concluyeron que la conceptualización real de la RSE continúa ausente en los cuerpos legales cubanos y la redacción facilita que los representantes del sector empresarial privado interpreten que pueden generar sus riquezas y, de manera voluntaria, asumir compromisos respecto a los impactos de su actividad.
El sector estatal tampoco ha generalizado un desempeño consciente en este sentido, pues el cumplimiento de la RSE responde más a orientaciones que a iniciativas nacidas de la autonomía empresarial, siempre con dignas excepciones.
Sin embargo, no hace falta esperar por una legislación robusta y coherente para concretar beneficios como la capacitación y formación; empleo a mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad; estímulos morales y materiales a trabajadores y jubilados; empleo de energías renovables, tratamiento de desechos, adaptación y mitigación del cambio climático, reciclaje y economía circular; protección a los derechos de los consumidores; vinculación a programas de desarrollo social en la comunidad, incluida la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad, y apoyo ante situaciones de desastre.
Muchos emprendimientos lo hacen de manera encomiable, y la dimensión más socorrida es el aporte comunitario o a grupos sociales priorizados. La donación de sistemas fotovoltaicos para destinos sumamente sensibles en medio de la más tensa crisis energética, la participación de decenas de actores económicos en la rehabilitación y el mantenimiento de instituciones de salud o las misiones altruistas del centro cultural El Mejunje constituyen ejemplos con sello villaclareño.
Pero, como han constatado los expertos, Cuba tiene condiciones para consolidar la RSE. Si la integración de todos los actores económicos transversaliza la mayoría de los objetivos del Programa Económico y Social de 2026, y tanto la máxima dirección del Gobierno como la academia insisten en insertarlos en las estrategias de desarrollo local, queda un solo camino: hacerlo pronto y bien.
La responsabilidad no viaja en una sola dirección. Los decretos leyes 88 y 89 también plantean que el Estado fomenta, a través de incentivos fiscales o de otra naturaleza, las prácticas socialmente responsables que tributan al desarrollo de los territorios y el país. ¿Cuántos aportes no estamos midiendo, aprovechando y retribuyendo debidamente?
Si muchas veces el compromiso tributario honrado en tiempo engorda luego una lista de gastos no ejecutados, pese a las crecientes demandas en todos los sectores, ¿acaso no resultaría más efectivo en algunos casos pagar un impuesto en bienes y servicios que responda directamente a las mayores necesidades?
Según el más reciente Anuario Estadístico de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Villa Clara tiene 1224 entidades. De ellas, 195 son unidades presupuestadas —a las cuales también se les atribuye una responsabilidad social institucional—, y las 1029 restantes se distribuyen entre empresas estatales, sociedades mercantiles, empresas filiales, mipymes estatales y privadas, y cooperativas agropecuarias y no agropecuarias.
La suma es superior a la cantidad de hospitales (13), policlínicos (37), consultorios médicos (856), hogares maternos (10), clínicas estomatológicas (9), hogares de ancianos (16), casas de abuelos (27) y centros médicos psicopedagógicos (1). También es mayor que la cifra de círculos infantiles y escuelas de los diferentes niveles de enseñanza, cuyas estadísticas no están desglosadas por provincias, y rebasa, igualmente, al total de madres de hijos con discapacidad severa que reciben asistencia social (342) y beneficiaros del servicio de asistente social a domicilio (1010).
Los pacientes de cáncer, los donantes de sangre, las personas encamadas o las que necesitan hemodiálisis, los combatientes, las glorias deportivas, por solo citar otros ejemplos, también podrían ser destinatarios de una atención que el Estado por sí solo no es capaz de brindar y sostener.
¿Cuántas porciones arrancaríamos a la vulnerabilidad si fomentamos alianzas locales efectivas, mediante las cuales las empresas sientan un compromiso genuino con el entorno y las familias se vuelvan protagonistas de su propia transformación? ¿Cuánto podremos hacer para mejorar las condiciones de vida de la población que hoy no está calificada como vulnerable para evitar que llegue a un estado de precariedad? ¿Cuánto crecerían las posibilidades de éxito si sumamos en el empeño a los trabajadores por cuenta propia con capacidad y disposición para ayudar?
Todo esto requiere organización, control y participación popular, no para burocratizar ni entorpecer lo que debe fluir de manera expedita, sino para lograr sistematicidad e integralidad en los esfuerzos, para que el bienestar no llegue aislado, a cuentagotas o como un intento por evadir una responsabilidad inherente a la justicia social a la que aspiramos.