La medida explotó como polvorín encendido, temblaron las rodillas de muchos, y los galones clandestinos fueron a parar a donde no los encuentran ni los más indiscretos. La mano abierta se cerró; se le dieron tres apretones al grifo pródigo de las empresas, y el desvío de combustible estable como las mareas achicó tanto su cauce, que no quedó otro remedio que entrar por el «aro en llamas » de la legalidad.
De enero a marzo del 2019, los 479 vehículos automotores particulares con licencia operativa para la transportación de pasajeros, registraron en los servicentros villaclareños un promedio de compra que fluctuó entre 1.11, 1.05 y 1.58 litros diarios de diésel aunque, según alegan los propios choferes, el rendimiento de los camiones (102 en total) oscila entre dos y tres kilómetros por litro.
En abril, los números subieron a 4.68, y antes de que concluyese la segunda quincena de mayo «coincidentemente », durante las mismas fechas de la visita a Villa Clara del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un récord histórico, sin antecedentes en la provincia: 18.97.
La diferencia de venta de 263 200 litros más de diésel con respecto al mismo mes del 2018, le lanza un balde de agua helada al sentido común de la sociedad. O sea, sin que medien gentilezas ni eufemismos que ablanden las palabras: el robo de combustible constituía en esta provincia un secreto público apenas disimulado; el engendro dantesco de un descontrol tan bien ungido que, según informó a Vanguardia el vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP), Gustavo Pérez Bermúdez, derivó en el procesamiento de más de 21 entidades y empresas estatales, responsables internos y receptadores que, en este minuto, están sujetos a investigaciones judiciales por delitos de dicha naturaleza.
La disponibilidad y uso racional del combustible con especial énfasis en el diésel, dado que se emplea en esferas tan sensibles como la generación de electricidad, los mayores programas agroindustriales y la transportación masiva de pasajeros, se ha convertido en un tema emergente en la agenda gubernamental. No es un secreto para nadie que el asunto preocupa a cada ciudadano que aún recuerde los efectos psicológicos de un país prácticamente paralizado. De hecho, las medidas propuestas por las administraciones territoriales al Consejo de Ministros, distinguen por su radicalidad y la voluntad manifiesta de taponar la fuga invaluable de los pocos recursos que tenemos.
De los juicios ejemplarizantes a lo largo del caimán, ya hemos escuchado todos. ¿Y qué acciones valora la alta dirección del país? El decomiso, por ejemplo, de los medios involucrados, incluyendo los automotores, en las infracciones asociadas al combustible. Y pocas veces, sobre todo en tiempos de turbiedades, el río suena sin que arrastre algo...
La corporación Cimex S.A, casa matriz de los Servi Cupet, encabeza la arremetida contra el feudo «alternativo » de la comercialización de diésel. De conjunto con el gobierno, el PCC, la Policía Técnica Investigativa, la Fiscalía y el Tribunal, han promovido encuentros de preparación con los administradores, jefes de turno y los trabajadores de los servicentros, para ponerlos al tanto sobre los modus operandi detectados en este tipo de unidades.
¿Las famosas tarjetas dudosas?, más expuestas que el trasero de un recién nacido, y los casos de las empresas inspeccionadas a las que se les impute por el cargo de uso deficiente del combustible, recibirán un descuento, durante tres meses, del 50 % de su asignación. Guerra avisada.
Y el cinto aprieta al cuentapropista que, no obstante, siempre hubo de justificar un por ciento de sus gastos en el momento de realizar la declaración jurada. Con 30 litros de diésel al mes los declarados, comprobante de por medio, contra tres o cuatro viajes diarios de Santa Clara a Caibarién, por mencionar una ruta habitual, no sé cómo se las arreglarían para barnizar tales números con algo de credibilidad.
Sin embargo, las respuestas a las acciones de control, ya se trate de un adolescente o un chofer acorralado, suelen estallar como granadas sin seguro. Liborio sabio y descreído dedujo, desde mucho antes de que el eco de la crisis retumbara en sus predios, que la contramedida de los transportistas privados le tensaría los nervios. Más, mucho más.
Entre el diésel escudado bajo siete llaves, la obligatoriedad de adquirirlo a 1 CUC por litro, y la reducción de la asignación mensual para el sector estatal según declaraciones de Héctor Amador González, director de la Empresa de Transporte en Villa Clara, en junio solo recibieron el 40 % de su plan de combustible, las opciones privadas de traslado han engordado sus precios y representan hoy otro quebradero de cabeza para el cubano.
De la capital provincial a La Habana: ¡140 CUC!; a Sagua la Grande y Caibarién, 60 pesos; 30 a Camajuaní; 40 y 50, en dependencia del día y la hora, hasta Placetas, y las comunidades rurales quedaron fuera del mapa. Lo de las motonetas a la Universidad Central es otra historia de un hedor persistente. Dos filas apurados y «comunes ». ¡Ah!, y los cocheros, que no utilizan petróleo, ni les aumentó el precio de la hierba, pero ahora cobran cinco inalterables pesos, así el tramo sea de un kilómetro o de tres cuadras.
No obstante, la necesidad de llegar a tiempo atormenta casi tanto como un estómago vacío; así que molestos, dolidos y violentados en nuestra condición de daño colateral, extendemos los billetes cuando se pueda, o nos resignamos a derrochar minutos y horas en una convención colectiva de desconocidos que rumian las mismas amarguras. « ¿Hasta cuándo? ».
«El sector no estatal está amparado por la Resolución 368/2011, la cual regula las actividades referentes a la transportación por medios privados con licencia operativa para ello explica el vicepresidente del CAP en Villa Clara. En el artículo 4.1 de dicha resolución, se fundamenta que todos los servicios públicos de transportación de carga de pasajeros serán según la oferta y la demanda válidas en el territorio nacional.
«Es decir, la propia legislación ampara que cada cual acuerde con los usuarios el monto a cobrar del origen al destino final. En estos momentos, los consejos de administración no tienen facultad alguna para topar los precios de dicho servicio, y todo se rige por la ley de Oferta y Demanda ».
¿Qué esperar entonces? ¿Un síncope social? Pero en medio de las cavilaciones más oscuras te percatas de que el maldito chofer-carero-abusador que te extirpa de la cartera más de lo que ganas en un día de trabajo, no constituye un átomo libre dentro de la microeconomía nacional, sino otra expresión del consumo cotidiano que, encadenadamente, se ha encarecido hasta límites ridículos de tan impensables.
Sin embargo, según alegó Pérez Bermúdez y confirmó Jorge Díaz Llanes, director de Fiscalización de la Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía (ONURE) en la provincia, la máxima dirección del país ya proyectó una nueva resolución, actualmente en fase de implementación, que permitirá que los choferes particulares inscritos como trabajadores por cuenta propia más de 15 000 en total operen con una tarjeta magnética para adquirir el combustible con precios preferenciales.
«Este plan implica un conjunto de medidas adyacentes que involucran a varios ministerios y organismos. Primero hay que darle la tarjeta al cuentapropista, pero tenemos que ver dónde y cómo la van a cargar, dónde la pagarán, etc. Se tendrán que conciliar precios, rutas, cantidad de viajes, así como los detalles relacionados con el pago de impuestos, porque las cuentas estarán más claras y debemos encontrar la manera de que se cree una relación donde se beneficien todas las partes: el Estado, el chofer particular y, ante todo, la población », expresó el directivo de la ONURE.
El vicepresidente del CAP refiere asimismo que «los consejos de administración están imbuidos en el reordenamiento de la plantilla de transportistas privados, con el fin de dinamizar su incorporación a las nuevas modalidades para la compra del combustible ».
Yo no creo que falten mentes ni brazos para levantar las soluciones e impulsarlas hacia adelante. No creo, por tanto, que en la espera se nos deba agriar la esperanza: entre la detección del problema y el surgimiento de formas viables de superarlo, no tendría que pasar más que el tiempo prudente.
Alternativas, para no quedarnos plantados; y agilidad, porque la confianza del pueblo se gana con las acciones correctas, en el momento correcto.