El hecho de que el 47% de las personas que hoy están sujetos a control es decir, que recibieron la libertad condicional tras cumplir parte de la sanción prevista por la comisión de determinados delitos sean jóvenes que no rebasan los 30 años de edad, constituyó una de las preocupaciones más debatidas en el Consejo de Gobierno Extraordinario del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara que tuvo lugar este viernes 7 de enero en la sede del PCC en la provincia.
Yudí Rodríguez Hernández, primera secretaria del Partido en el territorio, y Elena Margarita Cabrera Figueroa, presidenta del Tribunal provincial, dirigieron la reunión donde, entre otros temas, se evaluó la estrategia de seguimiento a los internos, así como la reinserción laboral de los egresados del sistema penitenciario. Al respecto, se conoció que al cierre del mes de marzo, la cifra de controlados ascendía a 2959 villaclareños, de los cuales, 1846 ya habían cumplido sanciones previamente.
«Tales números confirman que los exreclusos son más propensos a reincidir, por lo que la labor previsora a nivel comunitario y por parte de los grupos multidisciplinarios de prevención, movilizarían la detección y control de conductas inadecuadas que traigan como efecto la comisión de cualquier delito, con el consecuente daño social y la revocación de su libertad condicional », expresó la presidenta del Tribunal provincial.
La directora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en Villa Clara, Raiza Puerto Rodríguez, hizo hincapié en la necesidad de reforzar los vínculos entre dicho organismo y el sistema de prisiones, en aras de que los controlados ya cuenten con una ubicación laboral adecuada a sus características y condiciones, una vez salgan de la prisión. En lograr la coherencia de esa bolsa de trabajo reside uno de los mayores retos.
«La resocialización de estas personas demanda de su inserción en un ambiente favorable, donde no existan oportunidades que los motiven a delinquir. Por ejemplo, tenemos a 23 controlados por el delito de tráfico y tenencia de drogas, y a estas personas no se les puede situar en puestos cuyas responsabilidades incluyan el expendio de cualquier producto, el contacto con público o las labores agrícolas. La misma proyección aplica para otras figuras como los delitos económicos y asociados a la corrupción administrativa, el proxenetismo y conductas antisociales como la prostitución », enfatizó Puerto Rodríguez.
Al concluir el tercer mes del año, el 96% de los controlados estaban vinculados laboralmente a formas colectivas y estatales de producción, y solo 117 fueron declarados no aptos para trabajar.
Sin embargo, en las palabras de clausura, la primera secretaria del PCC en Villa Clara insistió en que la sensibilización hacia las problemáticas juveniles constituye una demanda permanente para la sociedad.
«En cada reunión donde se analizan las ilegalidades, resaltan las cifras preocupantes de jóvenes involucrados en toda clase de hechos delictivos. ¿Qué estamos haciendo para prevenir comportamientos que, a mediano plazo, resultan desastrosos para cualquier sistema social? ¿Hasta qué punto las familias, la escuela y las fuerzas del orden cumplen con su rol educativo y de control, respectivamente?
«Hacemos un llamado a cada institución por que vele por uno de nuestros más valiosos recursos. Las buenas experiencias existen, pero hay que socializarlas, y los vínculos con el Mined y las instituciones encargadas de velar por el normal desarrollo de los menores han de reforzarse a todos los niveles », concluyó.