Hay que volver al pasado. No sé por qué razón recuerdo con más firmeza el «Elogio de un poeta a su Isla Antillana », texto de Ernesto Víctor Matute, el guantanamero. Con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, esa disposición foránea que ahora pretende «demandar » a quienes se favorezcan con aquellas propiedades incautadas por el Gobierno Revolucionario hace más de seis décadas, se convierten en recurrente las palabras del escritor.
En más de una ocasión, en voz del ya fallecido declamador villaclareño Severo Bernal Ruiz, escuché aquellos versos que afirmaban: «Traigo a mi Isla debajo del brazo / Y todos me preguntan: / ¿Es un cocodrilo verde? / Yo digo que sí. Y me sonrío. / Eternamente verde ». Al final, las estrofas en verso libre continúan hablando de Cuba en su recurrencia. Un optimismo de pueblo, de nación y de unidad, sujetan las palabras: «Ni la abandono, ni la insulto, ni la vendo. / Traigo a mi Isla debajo del brazo / Y a nadie se la entrego. / ¡Quién ha visto que un hombre con orgullo quiera vender un cocodrilo verde! ». Es el galardón que tenemos los cubanos para defender lo nuestro.
Matute divulgó su poema en 1949, y una década después comenzó lo que por entonces René Anillo Capote, dirigente estudiantil, denominó «Gobernar es elegir », pues el «Gobierno Revolucionario ha elegido. Y por cierto, eligió bien », al resaltar las transformaciones radicales en los órdenes económico, social y político ocurridas a partir de la confiscación de las propiedades a malversadores, torturadores y allegados a las «pompas » estatales y militares precedentes.
Señales del Derecho
Un marco jurídico sustentó las confiscaciones, primero, y luego las nacionalizaciones. Tema más que abordado en los más diversos escenarios internacionales. Sin embargo, las administraciones norteamericanas siempre desestiman tales preceptos y pretenden imponer una voluntad extraterritorial. Las leyes de Reforma Agraria y la erradicación del latifundio favorecieron entonces a más del 40 % de la población campesina. Después apareció la rebaja de alquileres.
Con las transformaciones Arancelaria y Tributaria el país dio impulso a la industrialización. Surgieron, casi simultáneas, la ley de Nacionalización de la Enseñanza, y hasta la relacionada con la inmigración y nacionalización de los bancos. Era lógico que todo molestara a unos pocos, la minoría. Floreció Estados Unidos en el ruedo, el aliado de siempre, en aviesos propósitos. A partir de esa fecha no ha cesado, de una manera u otra, en sus intenciones de exterminar al pueblo cubano. De las grandes superficies de tierra, los latifundios, la Constitución de 1940, vigente entonces, aclaró que «a los efectos de su desaparición, la Ley señalará el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer para cada tipo de explotación […]. La Ley limitará restrictivamente la adquisición y posesión de tierra por personas y compañías extranjeras y adoptará medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano ».
También se aclaraba que en «los casos de expropiación forzosa […] no será imprescindible que el pago previo de las indemnizaciones sea en efectivo. La Ley podrá establecer otros medios de pago, siempre que reúnan las garantías necesarias ». En la introducción al Compendio de disposiciones legales sobre nacionalización y confiscación (2004), añadió Olga Miranda Bravo: «Solo Estados Unidos privó a sus nacionales del derecho de recibir la compensación que le otorgaba la Ley no. 851/60 y en su lugar decretó un bloqueo ilegal y genocida contra el pueblo de Cuba ». En cambio, con otros gobiernos europeos, con ciudadanos y compañías afectados, se firmaron acuerdos de indemnización global, según recoge la Gaceta Oficial de julio de 1960.
En territorio villareño existían inversiones ferroviarias, portuarias, bancarias, de minería, así como instalaciones hospitalarias, escolares, de comercio, conserveras, de bebidas y licores, o casinos de juego y hoteleras privadas. Lo que más abundó fue tierra ociosa y una potente agroindustria azucarera. Eran 50 ingenios, cifra que duplicaba los existentes en el resto de las cinco provincias cubanas. De los propietarios o arrendatarios casi un 70 % se colocaba en rangos de intereses norteamericanos y cubanos. Contaban, además, con 15 destilerías de alcohol y 4 refinerías de azúcar crudo.
Tenían unas 25,563.0 caballerías controladas en propiedad y rebasaban las 11,636.9 arrendadas. Ambas cifras de ese sector estaban por debajo de las computadas en Oriente y Camagí¼ey, los mayores colosos en suelos. No se contabilizan en ese orden los feudos ganaderos, convertidos en cotos exclusivos.
Hacia esos emporios, principalmente de propiedades norteamericanas, arrancó en julio de 1960 la «nacionalización por vía de expropiación forzosa » según la Ley Fundamental de la República, rubricada en febrero del año anterior de las posesiones de estadounidenses «o de las empresas que tengan interés o participación de dichas personas ».
El proceso continúo tres años después cuando se nacionalizaron las últimas compañías de Estados Unidos, que aún permanecían como privadas. Siempre se insiste en que Cuba expropió el «patrimonio » de los estadounidenses, y no que los confiscó. De ahí las posibilidades de compensación que jamás aceptaron las administraciones de Washington para sus nacionales. El «proceso de nacionalización [fue] un acto reivindicatorio económico-social, por causas de interés nacional, de beneficio popular », subrayó Miranda Bravo, quien antes de fallecer en 2007 figuró como directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al amparo del Título III de la Helms-Burton, muchos descendientes de emigrados cubanos, anclados y nacionalizados en Estados Unidos, alegan reclamos de «compensación adecuada », como una bendición del cielo.
Muchas compañías foráneas son obligadas a no comercializar con la Isla, y son colocadas en «listas negras » del Departamento de Estado. De esa forma el bloqueo se incrementa con las más diversas y solapadas vías. Otros, y son muchos los inversionistas, optan por el desafío.
Nuestra Ley 80, de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas, de diciembre de 1996, ante los vericuetos de la Helms-Burton, apuesta por la voluntad de una «adecuada y justa compensación por los bienes expropiados a las personas naturales y jurídicas que en ese momento ostentaban la ciudadanía o nacionalidad de los Estados Unidos de América », según un proceso que se efectúo acorde con la Constitución, las leyes y el Derecho Internacional.
Las zancadillas de las administraciones norteamericanas siempre aparecen sin importar una región determinada. Al comenzar la última década del pasado siglo, en 1991, se desclasificó un documento que rubricó en abril de 1960 Lester D. Mallory, entonces subsecretario de Estado de Asuntos Interamericanos. Allí reconocía la adhesión de la mayoría de los cubanos al proceso revolucionario. La única vía o salida posible de derrocar al Gobierno era generar descontento, dificultades económicas, hambre y desaliento, añadía. Eran aquellos días de inicio del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla caribeña. Fue y es también una violación de nuestros derechos como pueblo y nación, así como un constante freno al desarrollo del país.
Carentes de rogativas
Tres lustros atrás, el 14 de mayo de 2004, en la Tribuna Antimperialista José Martí, frente a los cubanos congregados allí, Fidel recordó que el «pueblo puede ser exterminado bien vale la pena que lo sepa, barrido de la faz de la Tierra; pero no sojuzgado ni sometido de nuevos a la condición humillante de neocolonia de Estados Unidos ».
El líder cubano anunció que «estaría en la primera línea combatiendo en defensa de mi patria ». Fue la respuesta enérgica ante el recrudecimiento del bloqueo proyectado por la administración de W. Bush. Todavía el invicto Comandante está aquí dando lecciones con su histórico y brioso pensamiento.
La imposibilidad de vender materia prima a empresas extranjeras, cuya producción fi nal se comercializa con los Estados Unidos, y de adquirir mercancías que contengan el 10 % de componentes o tecnología de ese país norteño, así como los aumentos de los costos de las transacciones financieras o el obstáculo a créditos foráneos, entre otras disposiciones arbitrarias, acosaron por un tiempo a los cubanos. Ahora a ese proyecto agregan los títulos III y IV, y se arrecia más el atropello extraterritorial.
En ese diferendo histórico entre Estados Unidos-Cuba nacieron las pretensiones hegemónicas. Primero fue la «espera paciente », política del presidente Jefferson, y después las continuaciones de la «fruta madura » y la doctrina Monroe, que marcaron los «deseos » siniestros de adquirir nuestros dominios territoriales. No importó el colonialismo español ni la disposición de un pueblo por conquistar su independencia.
Muchas fueron las voces que se levantaron, incluso antes de la guerra, frente a aquella prepotencia norteamericana. El Ayuntamiento de Santa Clara, en sesión extraordinaria, tal vez única en nuestra historia, el 24 de diciembre de 1858, propuso una querella. Contuvo los intentos y palabras «ofensivas » del presidente Jaime Buchanan, y su «pericia » por adquirir a Cuba para beneplácito de la Unión imperial.
El desacuerdo del Cabildo y la sesión abierta de vecinos, aunque acordaron y desearon permanecer sometidos a la bandera española, impusieron un baluarte. Fue, también es y será, como apostilló el «Elogio de un poeta a su Isla Antillana », en versos que agigantan a Cuba. En realidad, mi cocodrilo verde «Para mí vale más que las glorias de España / Y que el oro del Norte », como declaró Ernesto Víctor Matute, el lírico guantanamero.