El deporte, históricamente considerado un terreno de mérito y superación, se enfrenta hoy a una de sus encrucijadas más complejas: ¿cómo garantizar la equidad sin excluir? ¿Cómo proteger la integridad de las competiciones sin vulnerar derechos fundamentales? La reciente decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de endurecer los criterios de elegibilidad para mujeres transgénero e intersexuales en categorías femeninas ha encendido un debate que va mucho más allá del cronómetro y el podio.
Según el COI, la medida se basa en estudios científicos que sostienen que las personas asignadas como hombres al nacer conservan ventajas físicas estructurales —como mayor masa muscular, densidad ósea y capacidad cardiovascular— incluso después de años de tratamiento hormonal. Esta postura busca preservar la “equidad competitiva”, pero ha sido duramente cuestionada por organizaciones LGBTQ+, activistas y especialistas en derechos humanos, que la consideran una forma de exclusión institucionalizada.
¿Equidad o exclusión?
El argumento de la “ventaja física” ha sido históricamente utilizado para justificar barreras de acceso en el deporte. Sin embargo, el rendimiento deportivo no depende exclusivamente de la biología: factores como el entrenamiento, el entorno, el acceso a recursos y la salud mental también inciden de forma determinante. Además, la medida del COI no solo impacta a mujeres trans, sino también a mujeres cisgénero con niveles naturalmente altos de testosterona, quienes podrían ser obligadas a someterse a intervenciones médicas o competir en categorías masculinas.
Esto plantea un escenario profundamente injusto: atletas que no encajan en los parámetros binarios establecidos quedan atrapadas en un limbo regulatorio que las empuja fuera del deporte. ¿Qué mensaje se envía cuando se penaliza a alguien por cómo es su cuerpo, incluso si ese cuerpo es natural?
El riesgo de institucionalizar el estigma
Más allá del terreno competitivo, esta política podría tener efectos colaterales devastadores: desincentivar la participación de personas trans e intersexuales en el deporte, reforzar estigmas sociales y consolidar barreras que ya enfrentan en otros ámbitos de la vida. En lugar de abrir espacios de inclusión, se corre el riesgo de cerrar puertas y perpetuar la idea de que hay cuerpos legítimos y cuerpos que deben ser corregidos o excluidos.
¿Hacia dónde vamos?
El COI ha anunciado que esta normativa podría entrar en vigor antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Pero la pregunta de fondo sigue sin resolverse: ¿cómo construir un modelo deportivo que no sacrifique la equidad en nombre de la inclusión, ni la inclusión en nombre de la equidad?
La respuesta no puede ser binaria. Requiere diálogo, evidencia científica plural, sensibilidad social y, sobre todo, voluntad política para repensar las categorías desde una perspectiva más justa y humana. Porque el deporte no solo mide marcas: también refleja los valores de la sociedad que lo practica.