A partir de la entrada en vigor, el pasado lunes 12 de agosto, de los precios topados a un grupo de productos y servicios de marcada demanda popular, ha mermado considerablemente el flujo de porteadores por cuenta propia en la ciudad de Santa Clara y el resto de los municipios, y el Consejo de Administración, de conjunto con la Dirección Provincial de Transporte y el Cuerpo de Inspectores, decidió tomar la anterior medida.
«Se conoce que hay vehículos que no están siendo conducidos o explotados por esa razón, y no vamos a permitir actitudes que vayan en contra del pueblo. Los propietarios de la licencia operativa tienen la obligación de ejercer su trabajo », aseguró Amador González.
«Hay causales en la ley que permiten la suspensión temporal de la licencia ante casos de roturas, enfermedades u otros por las cuales no puedan ejercer la actividad por un tiempo hasta 90 días. Alertamos a los titulares que quien entregue la licencia, para luego ejercer de forma ilegal, estaría realizando una actividad económica ilícita y eso es un delito penalizado ».
El funcionario hizo, además, un llamado a «asimilar las nuevas medidas no como disposiciones en contra de su economía, sino como necesarias para que el pueblo trabajador pueda tener opciones de transportación. Los precios topados son irrevocables e irreversibles, de eso, no tengan duda ».