
Hace 480 días que un inquilino letal irrumpió en Cuba. Se alojó en nuestras comunidades, revolucionó la vida dentro y fuera de casa, nos arrebata libertades elementales, quebranta nuestra estabilidad emocional y nos desgasta físicamente. Sin embargo, mientras unos luchan por exterminarlo, a otros parece no importarles cuán larga y dañina se vuelva la estancia.
El costo humano de la pandemia en Villa Clara acumulaba 29 fallecidos sin contar los que han muerto debido a las secuelas, más de 4700 personas contagiadas y más de 700 casos activos al cierre del 30 de junio.
No bastan cifras ni relatos para ilustrar la angustia de enfermos y familiares, la incertidumbre ante las secuelas aún desconocidas, la zozobra por quienes llegan a una sala de Terapia Intensiva y el dolor por aquellos que no resisten, acentuado por la despedida repentina y la imposibilidad de decirles adiós.

Tampoco alcanzan las palabras para hacer justicia al esfuerzo de tantas personas. Zona roja, laboratorio, centros de aislamiento, vacunatorios, establecimientos comerciales, medios de transporte, áreas productivas y de servicios, todos los lugares guardan la heroicidad sin nombre de muchísimos villaclareños.
Tres hospitales de la provincia disponen recursos y cuidados para pacientes positivos al nuevo coronavirus: Comandante Manuel Fajardo Rivero y Celestino Hernández Robau, en Santa Clara, y Mártires del 9 de Abril, en Sagua la Grande.
Además, la vicegobernadora, Milaxis Sánchez Armas, informó la Vanguardia la disponibilidad de 5261 camas en 88 centros de aislamiento: 57 de ellos para contactos de casos confirmados, 6 para viajeros, 10 para el personal de Salud y 15 hospitales de campaña para positivos y sospechosos. Estos varían en cantidad y funciones en correspondencia con la evolución epidemiológica.

Según la funcionaria, el gasto diario en el enfrentamiento a la COVID-19 alcanzó la cifra de 1.3 millones de pesos en mayo, pero actualmente oscila entre 1.6 y 1.7 millones, con tendencia al incremento, dado el elevado índice de contagios en el territorio.
Un análisis superficial de la factura refleja los costos de combustible y transportación, desde y hacia todos los puntos de la provincia; la estancia de cinco días como mínimo en campismos y otros centros de alojamiento; los alimentos, medicamentos, equipos médicos y otras provisiones indispensables, y el salario de todos los trabajadores implicados.
¿Las condiciones? Perfectibles, como en toda obra humana, acordes con el desgaste tras más de un año de pandemia y seis meses en fase de transmisión autóctona. Nunca bastarán a los más exigentes, pero mejorarían si todos nos cuidamos un poquito, porque la mayoría de los ingresos están ligados a la indisciplina o el descuido.
Recordemos, además, que el incremento de la demanda de recursos, sobre todo alimentos, en la red asistencial y las zonas en cuarentena implica otra disminución de la oferta en mercados para el resto de la población, justo cuando creíamos que no podría deprimirse más.

En materia de Trabajo y Seguridad Social también se aprecia el daño epidemiológico. Bárbara López Pérez, asesora jurídica de la Dirección Provincial de Trabajo (DPT), y Yamilet López Yanes, subdirectora de Empleo en la misma instancia, ratificaron la protección para más de 2000 madres que cuidan a sus hijos en casa, con el 100 % del salario básico en el primer mes y el 60 % a partir del segundo. Igual tratamiento reciben más de 1000 trabajadores interruptos, debido a la COVID-19, que no fue posible reubicar, mientras a aquellos que, por orientación de las autoridades sanitarias, se encuentren en aislamiento, ingreso domiciliario o restricción de movimiento, se les paga el 100 % del salario básico mientras dure la afectación.
Aunque tales garantías evidencian la voluntad gubernamental de proteger a los trabajadores en medio de la compleja situación epidemiológica, los gastos se prolongan durante semanas y no se reflejan en producciones ni servicios.
El sector no estatal tampoco quedó exento. De acuerdo con Yunia Abreu Torres, subdirectora de Atención y Control al Trabajo por Cuenta Propia en la DPT, 3926 cuentapropistas mantenían suspendidas sus actividades al cierre del 30 de junio. La cifra debe aumentar como resultado de las medidas decretadas para la fase de transmisión comunitaria en el país. Ello se traduce en el cierre de su fuente de ingresos personales y una disminución drástica en la contribución que realizan al presupuesto de la provincia mediante el pago de sus compromisos tributarios.
En los primeros seis meses del año, Villa Clara acumuló 21 520 suspensiones en este sector. Actualmente, otros 5027 trabajadores por cuenta propia abonan solo el 50 % de la cuota impositiva, debido a las restricciones sanitarias; y la campaña de pago de impuestos sobre ingresos personales, que cerró el pasado 30 de abril, muestra un 87.6 % de cumplimiento. La afectación total supera los 2 600 000 pesos, según María Marleni Machado Pedraza, directora provincial de la ONAT.
¿Qué ocurre con las finanzas del hogar en medio de este panorama? No obstante la crisis sanitaria, las demandas básicas de alimentación, aseo, energía eléctrica, agua y transporte se mantienen en el mejor de los escenarios o crecen. Si con la totalidad de los ingresos de un mes, muchos cubanos hacen un «tin marín de dos pingí¼é », ¿cómo satisfacer estas necesidades con solo una parte?
Bajo el asedio de esta pandemia que ha vuelto postergable hasta lo urgente, sobran los perjuicios económicos, sociales, familiares y personales. La imprudencia solo extiende el manto fatal que pasa factura a la vida; a veces a la propia, otras, a la ajena. ¿Cuánto más estamos dispuestos a pagar?